
Un amplio sector de mineros artesanales en proceso de formalización en la región Arequipa ha alzado su voz de protesta contra el congresista Edwin Martínez, a quien acusan de promover una falsa narrativa de conflicto social en la provincia de Caravelí. Los mineros aseguran que detrás de esta supuesta crisis hay intereses particulares que buscan favorecer a la minería ilegal mediante la posible declaración de estado de emergencia en la zona.
Según Hugo Daniel Pacheco Ataucusi, asesor legal de la Asociación de Reinfos Mape Calpa Caravelí (ARMAPE), existen documentos que desmienten las afirmaciones de seudo dirigentes vecinales que han aparecido en medios de comunicación asegurando la existencia de restricciones al libre tránsito en la zona minera. “Nunca se ha cerrado la vía Atico – Caravelí. La vía a la que se refieren es un camino privado construido por los propios mineros, no es una ruta pública”, aseguró el abogado.
Pacheco denunció que personajes como Manuel Alcca Casimiro y Edison Neyra, quienes se presentan como representantes vecinales, carecen de legitimidad y tienen antecedentes cuestionables. Según el abogado, estos individuos buscan abrir paso a mineros ilegales por rutas construidas para operaciones formales, lo que pone en riesgo los avances logrados por las asociaciones que buscan la formalización minera.
Desde los principales campamentos mineros de Arequipa también se cuestiona duramente al congresista Edwin Martínez, quien habría tomado partido sin haber visitado la zona. Cristian Saldaña, abogado de la base minera Atico Calpa, declaró que el parlamentario jamás se ha reunido con las bases formales y desconoce por completo la realidad del lugar. “No hay conflicto, no hay armas, no hay secuestros. Solo hay desinformación interesada”, señaló.
Los mineros organizados evalúan movilizarse hacia Lima para llevar su voz directamente al Palacio de Gobierno y al Congreso de la República. Indican que de persistir la campaña de desinformación y la falta de diálogo, no descartan declarar persona no grata al congresista Edwin Martínez por su actuar irresponsable y ajeno a la realidad local.
La situación en Caravelí revela una creciente tensión entre sectores formales de la minería artesanal y grupos que buscan obstaculizar el proceso de formalización. Los dirigentes mineros reiteran su compromiso con la legalidad y exigen que las autoridades nacionales escuchen a quienes realmente representan el trabajo formal y pacífico en la región.
"Ese camino no es público, ha sido construido por los propios mineros para llegar a una concesión minera… la verdad es que quieren liberar ese camino por donde ingresarían mineros ilegales", dijo el asesor legal Hugo Pacheco.
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