A fin de garantizar un verdadero y efectivo acceso a la justicia de la población vulnerable, sin barreras lingüísticas, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancavelica leyó una sentencia íntegra en idiomas quechua y español en un proceso, en el que la agraviada era quechuahablante.
El juez superior director de debates Edgar Cusihualpa fue el encargado de leer la resolución judicial tanto en quechua como en español.
Este tribunal declaró fundado el recurso de apelación y revocó la sentencia de primera instancia que condenó a tres años de prisión suspendida a Cristian Yauri Valladolid y le impuso prisión efectiva al encontrarlo responsable del delito de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar en agravio de su tía materna, Lucía Valladolid.
El colegiado, asimismo, dispuso la captura inmediata e internamiento de Yuri Valladolid en el penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La Sala fundamentó su fallo al señalar que el juzgado de primera instancia había vulnerado el principio de legalidad al imponer la prisión suspendida, pese a que el artículo 57 del Código Penal, vigente del 29 de diciembre del 2017 al 21 de agosto del 2019, señalaba todo lo contrario.
“El artículo 57, al momento de los hechos, establecía que la suspensión de la pena es inaplicable a las personas condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar (…)”, leyó en quechua y español el juez Edgar Cusihualpa.
El magistrado relató el grado de abuso y violencia al fue sometida la víctima de 48 años frente a su agresor, un joven de 25 años.
“Además la agresión fue a su tía, hermana de su madre, por lo que consideramos el hecho de mucha gravedad, y debe disponerse el carácter efectivo de la pena”, añadió en quechua y español el magistrado.
Agregó que Yauri Valladolid mostró durante el proceso una conducta rebelde al no acudir a las audiencias por lo que fue declarado reo contumaz, conducta contraria al de la agraviada, quien estuvo presente en todas las audiencias.
Añadió que la misma denunciante solicitó hablar en quechua a los magistrados, pedido que fue admitido por estos, quienes dispusieron, además, que las audiencias se desarrollaran desde ese momento en este idioma y en español.
La Primera Sala Penal de Apelaciones, integrada además por los jueces María Espinoza Mejía, presidenta y Carmelo García Calizaya, dispuso también que la sentencia sea publicada en ambos idiomas
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