Propietarios de tragamonedas y juegos de azar financiaron apelaciones de Keiko Fujimori

Una detallada investigación de Ojo Público reveló que personajes relacionados al sector de juegos de azar y el rubro inmobiliario y legal, financiaron las tasas de más de 300 apelaciones presentadas por Keiko Fujimori ante el Nacional de Elecciones (JNE), con el fin de intentar revertir los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2021, el cual dio como vencedor a Pedro Castillo.

De acuerdo con el portal periodístico, este grupo de financistas es conformada por 17 personas, entre las que destaca un representante de la la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), llamado Rubén Awa Matsukawa; un empresario ligado al mismo sector, Iván Katekaru Gushiken; al igual que otros nombres involucrados en el rubro inmobiliario y legal.

Según señala el reportaje, Katekaru Gushiken y Awa Matsukawa pagaron más de S/ 25 mil para cubrir 39 de todas las apelaciones que buscan favorecer a Fuerza Popular, representando el 12,6 % de los más de S/ 203 mil gastados por la agrupación acusada de ser una organización criminal por la Fiscalía.

Asimismo, detallaron que Katekaru Gushiken se encargó de financiar 16 de las 39 apelaciones, con un costo de S/ 10.560. En tanto, Awa Matsukawa cubrió S/ 15.180 por los 23 recursos legales restantes, cuyos nombres se encuentran registrados en los comprobantes de pago entregados por el partido naranja ante el JNE.

Por otro lado, recordaron que el fujimorismo siempre mantuvo relación con el sector de juegos de azar, ya que el régimen de Alberto Fujimori se encargó de revocar el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) a su favor, haciendo que el Estado deje de percibir alrededor de S/ 400 millones al año, según información del Ministerio de Economía y Finanzas.

Luego de ello, el actual abogado de Fuerza Popular, Miguel Torres, buscó eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo que impuso el gobierno a dicho gremio en 2018, a través de un proyecto de ley que no alcanzó a ser aprobado en el Congreso.

Además, datan que hasta el 2016, Torres fue integrante del estudio de abogados (Torres y Torres Lara) que siempre defendió a clientes de ese sector en un intento para “favorecer a grupos de poder empresarial vinculados a la organización criminal”, de acuerdo a la acusación fiscal contra Fujimori por el Caso Lava Jato.