José Domingo Pérez pide garantías para su vida y la de su familia tras denunciar amenazas

El fiscal miembro del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó garantías para su vida y la de sus familiares por las constantes amenazas que recibe tras encargarse de las investigaciones contra la candidata presidencial Keiko Fujimori y su partido por diversos delitos como el lavado de activos.

A través de un documento enviado al titular del primer despacho del grupo de trabajo, fiscal Rafael Vela, Pérez pide "adoptar las medidas necesarias" a fin de garantizar su labor en las indagaciones que viene realizando sobre los delitos vinculados con empresa brasileña Odebrecht, así como proteger a su familia.

De acuerdo al oficio, la solicitud es “ante la escalada de amenaza, provocación, incitación al odio y la violencia como consecuencia del procesamiento a la acusada Keiko Sofía Fujimori”.

En tanto, el fiscal encargado de las investigaciones contra Fuerza Popular, argumentó que desde unas declaraciones que dio en el año 2018 en México, lo vienen atacando y acusando de ser pro Sendero Luminoso, viviendo una "campaña de terruqueo" que se ha venido reavivando durante mayo de 2021.

Como se sabe, la actual aspirante presidencial del fujimorismo, se encuentra siendo investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica.

Pide 30 años de cárcel para Keiko Fujimori

El fiscal José Domingo Pérez, tras recopilar información por cuatro años contra Keiko Fujimori, solicitó en marzo pasado al Poder Judicial una pena privativa de la libertad por 30 años y 10 meses contra la lideresa de Fuerza Popular.

El integrante del equipo especial indicó que el pedido se estaría dando por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Además, Dentro de las 19 medidas cautelares contra Fujimori Higuchi, la que más se destaca es una orden de impedimento de salida por 36 meses.

“Nosotros llevamos una investigación desde octubre del 2018 y ya lo había anunciado (...) y creo que la pandemia nos ha afectado a todos como sociedad y también a los funcionarios públicos, como a los fiscales que desempeñan la labor”, dijo inicialmente el fiscal a La República.