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Declaran procedente denuncias contra Vizcarra por vacunación irregular con dosis Sinopharm

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó informe que acusa al exmandatario por el escándalo Vacunagate por juicio y antejuicio político.

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Candidatura de Martín Vizcarra al Congreso de la República peligra ante la aprobación de este informe de denuncias constitucionales en su contra. | Aldair Mejía/GLR.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó la tarde de este lunes el informe que declaran procedente las denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra por vacunarse de manera irregular con la dosis Sinopharm contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

Con 15 votos a favor, el grupo de trabajo aprobó dicho informe donde también se encuentran las exministras Pilar Mazzetti (Ministerio de Salud) y Elizabeth Astete (Cancillería) por aplicarse la dosis del laboratorio chino a espaldas de la ciudadanía, para luego ser enviado a la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

El presidente del grupo de trabajo, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), señaló al diario El Comercio que el informe aprobado será enviado con rapidez a cada uno de los miembros de la comisión para que puedan darle lectura y emitan su firma correspondiente para su conformidad.

Asimismo, precisó que el documento se encuentra dividido en dos partes, donde se establece el juicio político y antejuicio político. “Con el mismo insumo del informe general que habíamos presentado, ahora lo vamos a partir en dos por especialidad, por un lado las infracción y por otro lado los delitos. En la tarde se corren las firmas y se eleva a la Comisión Permanente”, mencionó.

"Sacamos dos informes, uno para juicio, otro para antejuicio y las denuncias mixtas las dejamos en pendiente o los que las han efectuado las desdoblan y las acumulamos posteriormente o, en su defecto, podrían irse tomando para cada uno de los dos grupos”, agregó el parlamentario.

Cabe recordar que el juicio político tiene como fin la inhabilitación a los cargos públicos, mientras que el antejuicio político dispone la autorización al Ministerio Público para investigar y denunciar una eventual comisión de delitos.

Entre las acusaciones que existen contra el exjefe de Estado están los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsificación de documentos, entre otros, además de la infracción de varios artículos de la Constitución peruana.

Sobre las exministras Mazzetti y Astete, pesan las denuncias por presuntos delitos de cohecho pasivo y concusión, así como la supuesta vulneración de cinco artículos de la Carta Magna.

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