La Fiscalía anticorrupción pidió nueve meses de prisión preventiva contra el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, por presuntas irregularidades en el municipio en la adquisición de servicios en medio del estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19) costándole una detención preliminar.
El fiscal a cargo, Robert Rojas, elevó el requerimiento donde se detalla la solicitud ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en el cual figura la máxima autoridad regional, así como otros ocho funcionarios de la región y la empresaria Ninel Romero Bartusiak.
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A Morillo se le imputa los presuntos delitos de colusión agravada en agravio del Estado (Gobierno Regional de Áncash), en la que existirían medios probatorios contundentes para que se haga efecto la prisión preventiva, según el magistrado.
En tanto, se indicó a los medios de prensa locales que un funcionario fue descartado de la investigación por falta de evidencias, mientras que Romero Bartusiak y otro funcionario continúan con paradero desconocido.
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La audiencia de prisión preventiva fue programada para este martes 8 de diciembre desde las 9 de la mañana, luego de que la Sala de Apelaciones rechazara el pedido de revocación a la detención preliminar de la autoridad edil.