La mañana de este viernes 6 de noviembre la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe de las denuncias contra el congresista de Unión por el Perú (UPP) Edgar Alarcón, por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada.
Ambos acusaciones fueron presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, basadas en delitos que Alarcón Tejada habría cometido cuando era titular de la Contraloría General de la República, las cuales fueron declaradas procedentes por la subcomisión presidida por Luis Roel Alva de Acción Popular en septiembre.
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Frente a ello, la dicha comisión del Congreso aprobó iniciar las investigaciones contra el legislador en un plazo de 15 días hábiles.
“Se otorga plazo de 15 días a la comisión permanente para presentar informe sobre la denuncia constitucional 372 formulada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra el excontralor general de la república Edgar Alarcón Tejada por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada, tipificada en el artículo 387 del código penal”, señaló el presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama.
Tras la decisión tomada por la Comisión Permanente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que designar al legislador que estará a cargo de las investigaciones y determinar si es procedente o no sancionar a Edgar Alarcón por los delitos del que se le acusan.
Como se sabe, Alarcón fue denunciado este año por la fiscal de la Nación por un presunto desbalance patrimonial que asciende a los S/ 201,337,24 y que habría adquirido entre junio del 2016 y julio del 2017. Asimismo, se le sindica por unos ingresos de origen desconocidos que llegan al monto de 275,644.90 soles.
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De la misma manera, la Comisión Permanente también puso en agenda la procedencia de las denuncias constitucionales contra los exlegisladores Héctor Becerril (presunto tráfico de influencias agravado), Lizbeth Robles (presunta concusión y negociación incompatible), Clemente Flores (presunto cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias) y Daniel Salaverry (presunto peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica), la cual también fueron formuladas por Zoraida Ávalos.