La constructora brasilera Odebrecht demandó al Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), insittución arbitral afiliada al Banco Mundial, por US$1. 200 millones de dólares, debido a una supuesta violación de obligaciones en relación al proyecto Gaseoducto Sur Peruano (GSP). Frente a ello, el Premier Vicente Zeballos calificó de “irónico” que la constructora “tenga la frescura de acudir a un arbitraje”.
“Graña y Montero ha asumido responsabilidades (...) que ponen de manifiesto con evidencias concretas de graves hechos de corrupción. Resulta irónico que a pesar de esos hechos que tienen evidencias manifiesto con responsabilidades asumidas y reconocidas tengan todavía, con el perdón de la expresión, la frescura de acudir a un arbitraje”, expresó Zeballos.
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Tal y como ha dado ha conocer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Odebrecht demandó al Perú, por que según su argumento se violó sus obligaciones bajo el convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga- Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP). Es decir, que el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la constructora, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.
Odebrecht señaló que el Estado Peruano dio por terminado el contrato, porque el consorcio integrado por la empresa demandante, Enagas y Graña y Montero no logró obtener el financiamiento, ni la acreditación del cierre financiero dentro del plazo previsto en el contrato de concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Perú.
Ahora, tras el ingreso de esta demanda, el CIADI deberá revisar la solicitud, para luego aceptarla o rechazarla. De ser aceptada, se formará un tribunal integrado por representantes de ambos lados, quienes harán uso de su defensa.
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Según se conoció, Odebrecht intentó alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas y el MEF, ante el vencimiento del plazo de un convenio que buscaba recuperar su inversión, pero al no suceder decidió ir por la millonaria demanda.
Ante esta situación el MEF respondió lo siguiente: “El Estado peruano es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias” .
Asimismo, Zeballos afirmó “El Estado Peruano va a sumir una defensa irrestricta de sus intereses y ya se ha contratado a una consultora especialista en esos casos”.
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