La Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) ha denegado la solicitud de licenciamiento institucional presentada por la Universidad Santo Domingo de Guzmán (USDG). Esta casa de estudios queda impedida de realizar nuevos procesos de admisión y debe iniciar un proceso ordenado de cese de actividades con un plazo máximo de dos años.
Según la Sunedu, la USDG no pudo demostrar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria, y tampoco presentó un Plan de Adecuación con presupuesto detallado y acciones concretas para subsanar las observaciones realizadas por la Superintendencia.
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La Universidad Santo Domingo de Guzmán es una universidad privada de naturaleza societaria que opera desde hace 7 años en una única sede ubicada en Jicamarca, distrito de San Antonio de Huarochirí (Lima). Atiende a 477 estudiantes de pregrado que cursan los programas académicos de Educación Inicial, Educación Primaria, Ingeniería de Negocios e Ingeniería de Sistemas e Informática.
Entre las principales deficiencias de la USDG, se encuentra sus programas académicos que presentan incongruencias respecto al número de créditos, horas lectivas y tipos de cursos consignados en los documentos académicos. Además, la universidad no cumple su propia normativa respecto a los procesos de admisión. Asimismo, no pudo demostrar que su plan de gestión de la calidad impactara de forma concreta a la mejora educativa, entre otros.
La USDG se convirtió en la número 35 con licenciamiento denegado por la Sunedu. Hasta la fecha, se ha otorgado 86 licenciamientos. De esta forma, al cierre del año quedan 23 instituciones (4 públicas y 19 privadas) a la espera de resultados, entre ellas dos universidades públicas en Lima: la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
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La Sunedu precisa que la denegatoria de licenciamiento trae como consecuencia para las instituciones educativas con licencia denegada el cese paulatino de las actividades académica y se supervisará que se respeten los derechos del alumnado, así como la reglamentación vigente.
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