El Ministerio Público de Castilla, en Piura, solicitó 20 años de pena privativa de la libertad contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Elvis Joel Miranda Rojas, acusado presuntamente de disparar a un delincuente durante un enfrentamiento ocurrido el pasado 13 de enero y causarle su muerte.
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La Fiscalía Penal de Castilla, acusa al efectivo policial por el delito de homicidio simple, en agravio de Juan Carlos Ramírez Chocán y solicita que pague 80 mil soles de reparación civil a favor de la familiar del delincuente.
La abogada del policía, Cecilia Pizarro, recibió la notificación anoche y anunció que está en desacuerdo con la posición fiscal y observarán el pedido.
Elvis Miranda es investigado por abatir al presunto delincuente Juan Carlos Ramírez Chocán a quien le disparó con su arma de reglamento, tras perseguirlo por robar una billetera junto con otros dos sujetos que iban a bordo de una mototaxi y que también llevaban armas e intentaron acabar con la vida del suboficial. Ramírez tenía antecedentes por robo y era desertor del Ejército peruano.
Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el suboficial y tres días después el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla ordenó siete meses de prisión preventiva. Elvis Miranda Rojas, fue recluido al penal el 19 de enero, pero apeló la resolución por ser arbitraria. Sin embargo, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura confirmó la prisión preventiva el 25 de enero.
Luego de permanecer 26 días recluido en el penal de Tumbes, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, Ever Bello Merlo, a través de un Hábeas Corpus revocó la medida y dispuso su inmediata libertad. El juez señaló que, al dictarse prisión preventiva contra el efectivo policial, se infringió la garantía constitucional de la debida motivación.
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Indicó, que el magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla (Piura), al dictar mandato de prisión preventiva en contra del suboficial PNP Elvis Miranda Rojas, no respetó su derecho fundamental al debido proceso, infringió garantías con reconocimiento constitucional, tales como la debida motivación de las resoluciones judiciales, en conexidad con la libertad individual.
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