Chile amplió extradición contra Fujimori por el delito de lesa humanidad

La Corte Suprema de Chile amplió la extradición contra el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori para que sea investigado en nuestro país por los delitos de lesa humanidad y asociación ilícita para delinquir, por la muerte de seis personas en Pativilva en Barranca por el grupo paramilitar Colina ocurrida en 1992.

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"La Corte Suprema comparte lo afirmado por el sentenciador de primera instancia, referido al carácter de lesa humanidad de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, por los cuales se requiere la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori Fujimori”, señala el fallo.

"Tales ilícitos merecen una reprobación tan enérgica de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales, que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular", agrega.

En fallo unánime, indica, "(Los casos) constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades (...) por lo que se ha de reconocer su carácter de imprescriptibles, así como la imposibilidad de amnistiarlos"

Sin embargo, Chile rechazó el pedido de extradición de Perú por delito de peculado al considerar que dicha acción penal estaba prescrita.

En febrero de este año, el juez chileno Ricardo Blanco Herrera ya había accedido a ampliar la extradición del ex mandatario, debido a que el 28 de diciembre del 2015, el Perú presentó una solicitud para enjuiciar a Fujimori por el asesinato de seis ciudadanos en el distrito de Pativilca, en la provincia limeña de Barranca, cometido en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.

Como se recuerda, a finales del año 2000, Alberto Fujimori renunció a la Presidencia de Perú durante una visita a Japón y cinco años después se instaló en Chile donde fue detenido.

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Luego, Chile entregó a Fujimori a las autoridades peruanas en el 2007 para ser investigado por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno entre los años 1990 al 2000, por el cual fue condenado a 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

También fue condenado por la entrega ilegal de 15 millones de dólares como indemnización a su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, tras un escándalo de corrupción en el 2000.