El fiscal superior penal mixta de Bagua, Abilio Espichán Gadea apeló la sentencia que absolvió a los 53 nativos entre ellos al presidente de AIDESEP, Alberto Pizango por la muerte de 12 policías en “la Curva del Diablo” ocurrido el 5 de junio del 2009 y pide que sean condenados a la pena máxima de cadena perpetua tras acusarlos de ocho delitos.
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La Fiscalía insiste en que los nativos entre indígenas y mestizos sean procesados por los delitos de homicidio calificado, lesiones, daños, distubios, motín, obstaculización al normal desarrollo de los servicios públicos, tenencia ilegal de armas de fuego y arrebato de armas de uso de fuego de uso oficial agravado en agravio de los policías y del Estado, porque existen pruebas.
Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua absolvió a los 53 nativos, porque no se encontraron pruebas fundamentales siendo una de ellas que no se halló restros de plomo bario y antimonio en las manos de los imputados para culparlos de las muerte de los policías.
El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe dijo que no se ha comprobado la instigación porque este delito se comete cuando es de una persona a otra y no de una persona a una multitud de dos mil.
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“Y la necropsia indica que los policías murieron por proyectil de arma de fuego y todos los acusados se hicieron la prueba de absorción atómica, un dia después de los hechos el 6 de junio del 2009 y el resultado salió negativo, por lo tanto ellos no dispararon ni ejecutaron a los policías”, explica el letrado.
Por lo tanto la Fiscalía tiene que sustentar con pruebas por los delitos que acusa a los imputados.
Además, precisó que “desde junio del año 2011 ya el Poder Judicial sabía que los indígenas no dispararon a los policías y son 7 años que han procesado indebidamente a estas personas, se ha perdido de investigar quienes son los verdaderos responsables. En ese año se debió archivar las investigaciones, pero siguieron y este es el resultado".
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