La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso que el caso “La Centralita” sea investigado por los jueces de la Sala Penal Nacional en Lima.
Esta medida fue dispuesta porque existen amenazas de muerte contra los testigos, fiscales y jueces que investigan el caso, donde está involucrado el suspendido presidente regional de Ancash, César Álvarez.
Además, se precisó que hay graves perturbaciones en el desarrollo del proceso y alteración del orden público. Por eso, la Sala Suprema declaró fundado el pedido de transferencia de competencia solicitado por la Procuraduría.
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