El martes 30, el congresista Humberto Morales presentó a nombre del Frente Amplio (FA) un informe que explica por qué el expresidente aprista Alan García y la líder de Fuerza Popular Keiko Fujimori sí deberían ser procesados por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht durante las campañas electorales.
La indagación, liderada por el parlamentario Morales, es un contraste al oficio que presentó esta semana la comisión Lava Jato, liderada por la legisladora fujimorista Rosa Bartra, que exonera de imputaciones al líder del Apra y a la excongresista naranja.
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El argumento utilizado por Bartra esta semana en el caso de su lideresa fue que Keiko Fujimori Higuchi no pudo ser incluida en la indagación debido a que no fue presidenta ni funcionaria pública. Para Morales esa tesis no es correcta. “Ella fue congresista y jefa de una bancada.
En el caso de García Pérez, el parlamentario recalcó que durante el segundo gobierno aprista “se emitieron y dieron pie a decretos de urgencia que mejoraron la condición económica de Odebrecht” en la construcción del Metro de Lima (Tren Eléctrico).
Para mañana está programado el debate de la investigación de la comisión Lava Jato. De no aprobarse el documento de Bartra, con base en el reglamento del Congreso, el informe en minoría de FA deberá ser sometido a debate para que este complemente la pesquisa.
El 13 de octubre del 2017, Keiko Fujimori asistió a la comisión Lava Jato y sostuvo que solo trató “en una oportunidad” con Jorge Barata durante el 2011. “Fui invitada a hacer una presentación de mi Plan de Gobierno al grupo Brasil”, dijo. Sin embargo, según el informe de FA, aquí existe una mentira.
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En 1994, Keiko Fujimori asumió la dirección de la Fundación por los Niños del Perú y la Fundación Peruana Cardioinfantil, y conoció a Barata cuando era primera dama de la dictadura de Alberto Fujimori entre 1997 y 1998. El 28 de febrero de este año, el exejecutivo de Odebrecht afirmó al fiscal José Domingo Pérez que la constructora aportó US$ 10 mil en apoyo a la fundación liderada por Keiko.
Como se sabe, el miércoles 31, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por solicitud del fiscal José Domingo Pérez. La Fiscalía sostiene que la lideresa naranja obstaculizó las indagaciones y, por ende, para garantizar el proceso, le corresponde la cárcel.
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