Cifras de terror. Según la viceministra del sector, Silvia Loli, en lo que va de 2018 en el país se han registrado 65,000 casos de víctimas que han acudido al Centro de Emergencia Mujer a pedir ayuda judicial, psicológica o social. Esto es un indicativo de la violencia de género y los problemas de salud mental en el país.
Esto hace una media de 10,000 casos al mes que varían según la región a nivel nacional. De todos estos, entre el 70% y el 75% ingresan a la vía judicial donde se entrampan muchas veces porque la Fiscalía requiere de material probatorio para sustentar las acusaciones.
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"Este es un servicio gratuito (al que pueden ir). También pueden acudir terceros que hayan detectado una situación de riesgo o violencia dentro de su familia sobre todo violencia contra la mujer (En el CEM) Damos orientación psicológica, social y jurídica. Tenemos un espacio para el cuidado de los niños, para que las víctimas puedan expresarse también con normalidad. Muchas víctimas vienen con dudas y temores, se hace entonces una contención emocional. Se les aplica también una ficha para valorar el riesgo en el que están", acotó Silvia Loli.
"Solicitamos medidas de protección para la mujer y seguimos el proceso judicial o penal hasta que concluya. Si hay temas de régimen de visitas, patria postestad o alimentos se coordina con el Ministerio de Justicia. Atendemos todo lo que la víctima requiera".
También está el registro de la Línea 100. ¿Esto está relacionado al Centro de Emergencia Mujer?
"Sí. Esta línea atiende 24/7 todos los días, todas las horas y tiene profesionales que pueden brindar orientación y apoyo a las víctimas y derivarlas a un centro como este o a un servicio de atención urgente cuando el caso es grave. Tenemos 306 centros de emergencia funcionando en todo el Perú. Hay 56 al interior de comisarías también".
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"Tenemos una data de las atenciones administrativas. Ahora estamos en un promedio de casi 10,000 casos atendidos por mes. Tenemos alrededor de 65,000 casos hasta ahora (enero-julio 2018), aunque estos números van cambiando. Los casos son de distinto tipo. En algunos casos la víctima pide atención y no quiere retornar, en otros casos seguimos el proceso de protección o el proceso penal.
El 75% entra aproximadamente al proceso penal. Ahí tenemos un problema porque las fiscalías requieren elementos probatorios adicionales y retardan mucho el inicio de los procesos penales", agregó Loli.
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