Miraflores: Empresarios le compran un edificio al BCP, pero terminan denunciados como banda criminal

Miraflores. En esta historia, la pareja de esposos y empresarios Miguel Ángel Servat Facho y Janette Eslava Córdova, cobran un rol importante, pues decidieron invertir en un edificio de departamentos que se encuentra ubicado en la primera cuadra de la calle San Martín, en Miraflores, que le ofreció el Banco de Crédito del Perú por un monto que ellos consideraban atractivo.

Luego de revisar y validar la documentación, la pareja cerró un acuerdo comercial con el BCP luego de dos años, tiempo que demoró en concretarse, de acuerdo con lo que explicó Gabriel Servat, quien ahora se encuentra en calidad de apoderado de Miguel Angel Servat y Janette Eslava. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

PUEDES VER: Yape reitera que aplicación seguirá siendo gratis para todos sus usuarios

Pareja de empresarios son denunciados

Tiempo después de la transacción, Servat y Eslava recibieron en su casa una notificación del abogado Aníbal Aliaga Iparraguirre, quien se presentaba como apoderado de las empresas Inmobiliaria El Algarrobo y de Tasa Inmobiliaria e Industrial, a las que señala como propietarias del edificio de la calle San Martín.

Según la explicación que daba Aliaga, es que los había denunciado junto con representantes del Banco de Crédito del Perú por falsedad de documentos, falsedad ideológica, abuso de autoridad, extorsión, estelionato y banda criminal, entre otros presuntos delitos.

“Después que el Banco de Crédito nos ofreció vendernos el edificio, hicimos un estudio de los títulos y confirmamos que el inmueble había sido adjudicado al BCP, como parte de un proceso judicial en ejecución y que era cosa juzgada”, mencionaron Miguel Servat y Janet Eslava.

PUEDES VER: Yape: ¿A quiénes se aplicará la comisión y hasta cuándo es el mes de prueba gratuita? BCP responde

Pareja de empresarios desconocían de la presencia de estas personas

Así es, la pareja de empresarios desconocía que estas personas que trataron durante dos décadas de apropiarse del edificio que por decisión judicial fue adjudicado al BCP, ahora pretendan impedir mediante diferentes argucias que Servat y Eslava tomen posesión del inmueble que legítimamente les corresponde.

Mucho menos, Servat y Eslava sabían que detrás de todo esto estaba Aníbal Aliaga Iparraguirre, justamente el abogado que los había denunciado por banda criminal junto con el BCP.

“Si bien observamos una serie de acciones que parecían tener como objetivo alargar el proceso judicial, que había durado más de 20 años, nuestro equipo legal concluyó que, dada la solidez del juicio y la reputación del Banco de Crédito, la compra del edificio era viable”, destacaron.

PUEDES VER: Sin comisiones: esta es la lista de operaciones que los bancos no te pueden cobrar, según la SBS

Aliaga continúa presentando denuncias contra la pareja

“A pesar de haber resuelto todos los aspectos legales y tener un juicio en etapa de ejecución, seguimos enfrentando problemas. Aliaga continúa presentando denuncias infundadas contra nosotros y el Banco de Crédito. Su objetivo es evitar el lanzamiento, que es el paso final en un proceso de ejecución de garantías, y así poder seguir lucrando con los alquileres del edificio de manera ilegal, utilizando para ello una empresa que está dada de baja desde hace años, lo que configura un posible caso de lavado de activos”, explicaron los empresarios.

Efectivamente, Inmobiliaria Los Algarrobos, cuyo representante es Aníbal Aliaga, se encuentra de baja desde el 31 de octubre de 2010, de acuerdo con la SUNAT. Sin embargo, a nombre de esta empresa Aliaga ha denunciado a Servat, Eslava y el BCP.

Desde La República, se buscó a Aníbal Aliaga en la dirección que se consignó en su DNI, ubicada en la calle Los Topacios 390, Cerros de Camacho, pero no se logró encontrar. Solo se encontró a su hijo, Aníbal Aliaga Swidin, quien se comprometió en comunicarle a su progenitor que este diario quería recoger su versión sobre la denuncia contra Servat, Eslava y el BCP, pero nunca respondió.

En la denuncia formulada contra los empresarios, Aliaga les taribuye presuntas conductas con el notorio propósito de confundir al Ministerio Público, sin presentar prueba alguna. Se menciona que el abogado es conocido por este tipo de acciones desde hace varios años.

PUEDES VER: ¿Plin seguirá los pasos de Yape y comenzará a cobrar comisión? Te lo explicamos todo

El BCP responde

“Se sabe que el Banco de Crédito del Perú ha incurrido en casos de corrupción vinculados al tema judicial. En este caso denunciamos y probamos que utilizando a tres jueces civiles superiores, quienes compelieron a registrados públicos obligándolos a inscribir 10 asientos registrales ilegales y cuya nulidad debe ser declarada, intentando que tal banco se apropia ilícitamente de nuestro edificio en Miraflores mediante el uso de una escritura pública falsa”, señala Aníbal Aliaga.

La República hizo la consulta al BCP y rechazó tajantemente las pretenciones de Aliaga cono lo siguiente:

“El señor Aliaga y sus empresas vinculadas han tratado repetidas veces de utilizar el sistema penal para revertir una decisión en última instancia y con calidad de cosa juzgada del Poder Judicial. En efecto, en los últimos años el Ministerio Público ha archivado una serie de denuncias penales interpuestas sin ningún asidero contra el banco y sus funcionarios”, explicó la entidad bancaria.

“El banco transfirió la propiedad del inmueble en su calidad de propietario el año 2023. Nunca existió ni existe mandato judicial alguno que haya impedido al banco celebrar tal transferencia. En consecuencia, la enajenación se formalizó adecuadamente por la vía notarial, luego fue validada por Sunarp (Superintendencia Nacional de Registros Públicos) y quedó inscrita conforme a ley, por lo que actualmente resulta de público conocimiento”, describió el BCP.

Mientras que el abogado de la pareja de empresarios mencionó lo siguiente:

“La organización liderada por Aníbal Aliaga Iparraguirre se caracteriza por un patrón de comportamiento uniforme y recurrente. Este modus operandi busca confundir, engañar y violar los derechos establecidos, utilizando las mismas empresas de las que es apoderado y también abogado", agregó el abogado de la pareja de empresarios.