OCMA: pide la destitución de un juez de la Corte de Amazonas por excarcelar irregularmente a un detenido

Concluidas las investigaciones en la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), en contra del juez Felipe Cáceres Rodríguez, del Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Río Santiago, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, la máxima autoridad contralora del Poder Judicial, Ulises Yaya Zumaeta, formuló la propuesta de destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para que lo destituyan del cargo al acreditarse que dispuso de modo irregular, la excarcelación inmediata de un detenido.

Según la resolución contralora, el magistrado declaró fundado el pedido de ejecución inmediata de la sentencia de hábeas corpus a favor de Octavio Delgado Guzmán, a pesar de que dicho requerimiento ya había sido resuelto y declarado improcedente por su predecesor en el cargo mediante resolución consentida.

Su controvertida resolución puso en evidencia una falta de motivación que contradice los principios del debido proceso que deben guiar el accionar de los magistrados de este poder del Estado.

Lo más alarmante de su actuación es que el mismo día en que asumió funciones como juez del Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Río Santiago, 07 de diciembre de 2018, emite esta polémica resolución a pesar de que existía un desorden total y falta de atención para proveer escritos en el juzgado, poniendo en entredicho la diligencia y responsabilidad en el manejo de casos.

Las investigaciones han revelado que el hábeas corpus presentado por la defensa de Delgado Guzmán fue ingresado de manera irregular por el secretario Alberto Castro Becerra, careciendo de fecha y sello de recepción, lo que evidencia que nunca ingresó formalmente al órgano jurisdiccional.

No fue la única controversia que pesa sobre el juez Cáceres Rodríguez. Se le cuestiona su involucramiento en otro caso, en el que, en contubernio con Castro Becerra, tramitó un expediente de hábeas corpus al margen de los procedimientos establecidos. La resolución fundada en este caso llevó a la nulidad de una sentencia contra un ciudadano por homicidio simple y a su posterior excarcelación del establecimiento penal de Picsi en Chiclayo.

Además, se le atribuye al servidor judicial la falta de impulso procesal en diversos expedientes y oficios en materia penal, civil y familiar, incluso se hallaron escritos en hojas sueltas y sin foliar.

Por ello, la OCMA dictó la medida cautelar de suspensión contra el magistrado Felipe Cáceres Rodríguez y el servidor judicial Alberto Castro Becerra, hasta que se resuelvan definitivamente sus situaciones jurídicas en las instancias correspondientes.