Lista de infieles en Perú lanzó advertencia a quiénes agreguen nuevos nombres a su registro viral

Las listas que exponen supuestos casos de infidelidad siguen generando atención en redes sociales. Tras la eliminación de la polémica “lista negra de las girls”, un documento de Excel que circuló en el Perú, ahora surgió el Registro Nacional de Infieles (RNI). La web cumple la misma función que el documento, pero esta vez, emite una advertencia a los usuarios antes de agregar información.

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En apenas unos días, esta plataforma acumula más de 9000 relatos enviados por usuarios que señalan a presuntos infieles. Si bien días atrás se podía agregar información completa, esta vez el RNI solo está aceptando iniciales. En su aviso de advertencia dice lo siguiente:

"Hay otras páginas que intentan mostrar muchos más datos, lo que los puede meter en problemas bastante serios, no solo a ellos, sino también a los usuarios. Por más que te digan que es anónimo, por ley deberá proporcionar quién hizo la publicación si se los solicitan. Es por eso que en esta página solo usamos iniciales, jamás nombres completos y no te pedimos datos reales ni cobramos nada".

¿Difundir datos personales sin consentimiento es delito?

La difusión de datos personales sin consentimiento vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la protección de la identidad. Publicar o compartir información privada —como nombres, fotografías, direcciones o acusaciones— en redes sociales puede constituir un delito, especialmente si se expone a personas a hostigamientos o riesgos físicos.

El abogado Gabriel Galán Paiva, especialista en derecho penal, explicó a Diario El Popular que este tipo de publicaciones puede infringir los artículos 154, 154-A y 154-B del Código Penal peruano, donde “las penas pueden llegar hasta los cinco años de privación de la libertad, además de promover conductas de ciberacoso, violencia simbólica y difamación”.

Asimismo, Galán advierte que, en un contexto de alta criminalidad y crimen organizado, este tipo de información expuesta públicamente “podría ser útil para propiciar o facilitar la comisión de delitos de extorsión”, incrementando los riesgos para las personas involucradas.

El uso responsable de internet y el respeto a la dignidad humana deben ser prioridad en cualquier entorno digital.