Bodegueros denuncian exclusión del Minsa en reglamento que afecta venta de tabaco y vapeadores
La Asociación de Bodegueros del Perú exige participar en la elaboración del reglamento de una ley que impacta directamente su actividad comercial.
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La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), que representa a más de 500 mil negocios formales en todo el país, ha expresado su preocupación por no haber sido convocada por el Ministerio de Salud (Minsa) en el proceso de reglamentación de la Ley N.º 32159. Esta norma, que regula de manera diferenciada productos de tabaco, nicotina y sucedáneos, fue promulgada hace más de ocho meses y establece explícitamente el derecho de participación de asociaciones civiles en su reglamentación.
Gremio solicita al Minsa ser escuchado y respetar la norma
El artículo 17.1 de la Ley 32159 y la Resolución Ministerial N.º 307-2025-MINSA facultan a las asociaciones de la sociedad civil a involucrarse en este proceso. Sin embargo, la ABP asegura haber enviado múltiples solicitudes sin obtener respuesta. “Representamos a miles de bodegueros que cumplen la ley. Solo pedimos ser incluidos para aportar nuestra experiencia en la venta responsable de estos productos”, indicó Andrés Choy, presidente de la ABP.
La organización también cuestionó la actitud de ciertos grupos de la sociedad civil que, según señalan, intentan impedir su participación alegando posibles conflictos de interés, pese a no transparentar sus propias fuentes de financiamiento. “Nos acusan sin fundamentos. Hemos trabajado por más de una década promoviendo la formalidad y responsabilidad comercial entre nuestros asociados”, agregó Choy.
La Ley N.º 32159 reconoce la necesidad de una regulación diferenciada entre productos de tabaco, como cigarrillos, y de nicotina, como los vapeadores. Este modelo es similar al adoptado en países como Chile, que aplican normativas específicas para cada categoría con el objetivo de garantizar un control más efectivo.
Desde la ABP advierten que ignorar este enfoque solo favorece al comercio ilegal, como ha ocurrido en México, donde las restricciones totales han impulsado el crecimiento del mercado negro y su vinculación con redes criminales. “Una mala reglamentación puede generar el efecto contrario al deseado: más informalidad y menos control”, advirtieron.
Finalmente, los bodegueros enfatizaron que la elaboración de un reglamento justo, técnico y participativo es una obligación legal y una oportunidad para mejorar la regulación del sector. “El Estado no puede cerrar la puerta a quienes están en la primera línea del comercio. Nuestra participación es un derecho y una necesidad para asegurar una norma realista y efectiva”, concluyó la ABP.
Periodista especializado en temas policiales y políticos. Graduado de la Universinad Nacional Federico Villarreal. Redactor y coordinador en El Popular. Interesado en temas policiales, política y actualidad.
