Congresista Doroteo presenta ley para asegurar sede del Instituto Tecnológico de Pisco
La iniciativa legislativa busca garantizar una sede definitiva para el Instituto Tecnológico de Pisco sin generar costos al erario nacional.
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El congresista Raúl Doroteo Carbajo, representante por la región Ica, ha presentado el Proyecto de Ley N° 11119 / 2024-CR, el cual propone declarar de necesidad pública la expropiación de un inmueble para destinarlo como sede permanente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Pisco. Esta medida, según el legislador, permitirá asegurar la continuidad académica y fortalecer el desarrollo educativo en la provincia.

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El proyecto de ley cuenta con el respaldo de congresistas de la bancada de Acción Popular y plantea, además, una prórroga de tres años a la vigencia de la Ley N° 30960. Dicha ley ya había declarado de necesidad pública la expropiación del terreno, pero requiere de este nuevo impulso legal para garantizar la seguridad jurídica sobre la propiedad actualmente ocupada por el instituto tecnológico.
“El objetivo es dar estabilidad a la comunidad educativa del instituto, dotándola de un local definitivo que permita planificar mejoras, ampliar la oferta académica y modernizar sus instalaciones acorde a los estándares actuales de la educación técnica superior”, explicó Doroteo durante la presentación del proyecto.
Uno de los puntos más destacados de la iniciativa es que no implicará gastos para el tesoro público. El congresista señaló que será la Municipalidad Provincial de Pisco la que asumirá el pago del justiprecio correspondiente a la expropiación, compromiso ya expresado por el propio alcalde de la jurisdicción.

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La transferencia del inmueble se realizará a favor del Ministerio de Educación, que será el beneficiario formal de la expropiación. Esto permitirá que el Instituto Tecnológico cuente finalmente con un espacio propio y adecuado para atender a la población estudiantil pisqueña de manera permanente.
Finalmente, se conoció que los recursos que destinaría la municipalidad para este proceso provendrían de su presupuesto institucional o mediante un convenio socioambiental con una empresa privada instalada en la zona, lo que evitaría afectar la sostenibilidad económica del gobierno local o el central.
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