¡Adiós al spam! Congreso aprueba ley que prohíbe llamadas y mensajes no deseados

El Congreso de la República del Perú ha aprobado por insistencia una ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el objetivo de restringir las llamadas publicitarias no solicitadas, conocidas como spam. De manera unánime, el Pleno aprobó la norma que busca salvaguardar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos ante las quejas de usuarios que aseguran recibir un gran número de llamadas durante el día.

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Perú es el segundo país a nivel mundial en recibir llamadas spam

Según el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco), Manuel García Correa, Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la recepción de llamadas spam, con un promedio de 18 intentos de contacto por usuario al mes. Entre enero de 2020 y diciembre de 2023, Indecopi sancionó a 53 empresas por infringir la normativa vigente, imponiendo un total de 78 multas que superaron los 5,3 millones de soles.

Reacciones y objeciones a la nueva ley

El congresista José Luna destacó la importancia de esta medida para frenar el acoso que sufren millones de ciudadanos. Señaló que estas prácticas no solo alteran la tranquilidad de las personas, sino que también afectan su salud. Según datos oficiales, un ciudadano puede recibir en promedio hasta 36 llamadas de este tipo a la semana, lo que evidencia la magnitud del problema.

“No podemos permitir que siga el acoso y la coacción al que nos someten estas empresas por ofrecer un servicio o producto. Todo consumidor tiene derecho a la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos, y constituyen acoso y coacción”, afirmó.

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Cabe mencionar que, con su aprobación, se desestimaron todas las observaciones dadas por el gobierno de Dina Boluarte, quien ha devuelto la norma en tres ocasiones, impidiendo su promulgación. El historial de objeciones por parte del Ejecutivo comenzó en abril de 2023, cuando se presentó la primera objeción. Posteriormente, en octubre del mismo año, se emitió una segunda observación, y la tercera tuvo lugar en julio de 2024.

De acuerdo con el oficio enviado por el Ejecutivo al Congreso, la principal objeción radica en que la ley, al prohibir las comunicaciones iniciales no solicitadas, limitaría tanto los intereses de las empresas como los de los propios usuarios y afectaría a 20.000 personas que trabajan en sectores relacionados con el telemarketing y la publicidad. Según este documento, la normativa impediría que los titulares de datos personales puedan manifestar de manera expresa su consentimiento para recibir ofertas que podrían ser de su interés.