Familia en Áncash denuncia a monja europea por intento de despojo de tierras y pide intervención del Vaticano
Los Ruiz, una familia del distrito de Moro, llevan más de diez años buscando justicia ante el intento de apropiación ilegal de su terreno por parte de una religiosa extranjera.
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Una familia del distrito de Moro, en la región Áncash, denunció públicamente a una monja europea por intentar despojarlos de su propiedad, conocida como “Huerta Grande”. Según los afectados, la religiosa habría actuado en representación de un familiar suyo residente en el extranjero, intentando adquirir el predio de manera ilegal.
El caso ha sido llevado ante el Poder Judicial, pero sin avances favorables hasta el momento. Ante esta situación, los integrantes de la familia Ruiz recurrieron a la vía eclesial, solicitando en diversas oportunidades la intervención de autoridades de la Iglesia católica, entre ellas el obispado de Chimbote y las superioras de la congregación de San Vicente de Paul.
Desde noviembre de 2014, la familia ha enviado cartas documentadas a autoridades religiosas tanto en Perú como en el extranjero, denunciando las presuntas irregularidades cometidas por la monja. A pesar de los años transcurridos, no han recibido respuesta concreta de parte de la jerarquía eclesiástica.
El abogado Guhan Policarpo Santillán, experto en Derecho Canónico, destacó las similitudes del caso con el del Sodalicio de Vida Cristiana, recientemente disuelto por el Vaticano tras graves denuncias de abusos y apropiación indebida de bienes. Según señala, es deber de la Iglesia actuar con la misma contundencia frente a los abusos denunciados en Moro.
En octubre de 2024, aprovechando el nombramiento de un nuevo obispo en Chimbote, la familia reiteró su pedido enviando una nueva carta al monseñor Ernesto Zapata. Asimismo, en febrero de 2025 remitieron nuevamente su denuncia a las superioras de la congregación vicentina en Roma y Eslovaquia.
“La lucha por justicia sigue. No buscamos enfrentarnos a la Iglesia, sino que se corrijan los abusos desde dentro”, expresó uno de los representantes de la familia. El caso continúa sin resolución definitiva y la familia teme que, si no hay intervención pronta, perderán su propiedad ancestral.
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