Julio Gago Vicuña advierte sobre el peligro de la Ley N.º 32130 para la autonomía del Ministerio Público

El abogado penalista Julio César Gago Vicuña, reconocido por su amplia experiencia en procesos civiles y penales, advirtió que un reciente decreto ley podría comprometer la autonomía del Ministerio Público. Según Gago, devolver a la Policía Nacional estas facultades representa un retroceso para el país, ya que, históricamente, se ha demostrado que muchos miembros de la institución carecen del conocimiento técnico-jurídico necesario para realizar investigaciones adecuadas.

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Desafíos en la lucha contra la delincuencia tras la modificación del Código Procesal Penal

"Lamentablemente, el Ministerio Público no ha estado a la altura, y muchos fiscales no cuentan con la formación adecuada para enfrentar la delincuencia, lo que ha sumido al país en el caos y ha paralizado la lucha por la seguridad. Esto puede empeorar", señaló el abogado.

El pasado 10 de octubre, se promulgó la Ley N.º 32130, que modifica el Código Procesal Penal. Hasta ese momento, la Policía no podía iniciar investigaciones ni realizar diligencias preliminares sin la autorización del Ministerio Público, ya que este organismo dirigía las investigaciones.

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Nueva ley fortalece la autonomía de la policía en investigaciones

Aunque el Ministerio Público sigue siendo el ente responsable de la dirección de la investigación, la nueva ley otorga a la Policía Nacional la capacidad de realizar, de manera autónoma, diligencias urgentes o inaplazables. Además, la Policía podrá asumir la estrategia operativa sin infringir las competencias del Ministerio Público.

Con esta modificación, la Policía Nacional del Perú recupera, tras 19 años, la facultad de llevar a cabo actos de investigación que serán parte de las diligencias preliminares. Esto, según las autoridades, permitirá optimizar y agilizar los procesos investigativos en beneficio de las víctimas de la delincuencia.

Nuevas normas para la protección de víctimas

Es importante destacar que esta facultad policial se ejercerá bajo la supervisión jurídica de un fiscal, fomentando un trabajo coordinado entre la Policía y el Ministerio Público, respetando las competencias de cada institución.

La norma también establece que, en situaciones en las que esté en riesgo la vida, integridad o libertad de la víctima, el Ministerio Público deberá, bajo responsabilidad, remitir a la Policía la disposición fiscal para iniciar diligencias preliminares en un plazo máximo de 24 horas.

Además, autoriza la intervención de comunicaciones y el levantamiento del secreto bancario en casos de emergencia que pongan en peligro la vida o integridad de la víctima. Incluso, el fiscal, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de la Policía, podrá solicitar al juez penal el levantamiento del secreto de las comunicaciones dentro de un plazo de 24 horas, asumiendo la responsabilidad de dicha acción.

Por último, la ley permite a la Policía incluir en su informe las conclusiones de su investigación, así como la calificación del presunto delito y el grado de autoría y participación. No obstante, el abogado Julio César Gago Vicuña advirtió que podrían aprobarse más normativas en el Congreso que busquen limitar la autonomía de fiscales y jueces.