Defensoría demanda que educación superior regrese a clases presenciales de manera obligatoria

Después de dos años de educación superior virtual a raíz del COVID-19, la Defensoría del Pueblo consideró que la situación sanitaria actual exige que se garantice de manera efectiva la reapertura de universidades e institutos y la educación presencial. Por ende, exhortó al Ministerio de Educación que establezca la obligatoriedad de la prestación del servicio educativo presencial. 

Como es de conocimiento público, en febrero de 2022, el Minedu aprobó el retorno a la modalidad presencial y/o semipresencial en las universidades públicas y privadas, así como las escuelas de posgrado. 

De acuerdo a la normativa, las universidades deberán definir el modelo híbrido y el porcentaje de presencialidad a implementar, así como desarrollarse bajo seis principios: seguridad, flexibilidad, autodeterminación, equivalencia, accesibilidad y calidad. 

No obstante, la Defensoría del Pueblo sostiene que dicha norma es insuficiente para promover el efectivo retorno a las aulas universitarias de forma presencial, lo que se ve reflejado en las numerosas quejas recibidas por la poca disponibilidad de clases presenciales tras dos años de educación virtual. 

“Es importante tener en consideración que nos encontramos en una etapa de la pandemia distinta a la de los años 2020 y 2021, contando con un avance exitoso de la vacunación y con conocimiento suficiente de las medidas de bioseguridad adecuadas y efectivas para cuidar nuestra salud”, manifestó la Defensoría.   

Según el III Informe Bienal sobre la realidad de las universidades en el Perú, según la Defensoría, en 2020 la tasa de interrupción de estudios en pregrado fue de 18.1 % a nivel nacional, mientras que en 2019 la tasa fue de 6.2 %. 

Pedido de Defensoría 

“La Defensoría del Pueblo ha recomendado al Minedu modificar la Resolución Viceministerial n.º 015-2022-MINEDU a fin de que se adopte un nuevo marco normativo que acelere la reapertura de universidades e institutos de educación superior, y que se garantice el servicio educativo presencial a miles de jóvenes”, señaló la entidad. 

De igual forma, se exhortó que la nueva regulación establezca la obligatoriedad de la prestación del servicio educativo presencial y que solamente de manera excepcional y debidamente justificada se brinde educación semipresencial y a distancia.