OCMA: propone la destitución de un juez y un secretario de la Corte de Ucayali
La OCMA dispuso la suspensión del juez Juan Artemio Palomino y del secretario Tony Cancino Vásquez hasta que la JNJ resuelva definitivamente su situación jurídica.
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La jefatura suprema de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), presidida por la jueza suprema Mariem De La Rosa Bedriñana, propone ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la destitución del magistrado Juan Artemio Palomino Lázaro, juez supernumerario del Segundo Juzgado Civil de Coronel Portillo – Pucallpa.
Otro caso, es la propuesta de destitución elevada al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), en contra del servidor Tony Cancino Vásquez, especialista judicial del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo – Pucallpa; ambos de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
Respecto del magistrado Palomino Lázaro, la sanción disciplinaria que le impone la OCMA, es por haber sido condenado por un delito doloso en modalidad de Prevaricato, en agravio del Estado - Poder Judicial y Gobierno Regional de Ucayali, lo que constituye falta muy grave prevista en la Ley de la Carrera Judicial.
Una parte del texto relacionado con el análisis de los hechos para la determinación de la sanción, señala que, para ejercer la magistratura se debe tener una conducta intachable y no haber sido condenado por ningún delito; resaltando además que se debe contar con cualidades que persistan en el tiempo, para acceder y permanecer en la carrera judicial.
En cuanto a la propuesta en contra del servidor Cancino Vásquez, es por haber solicitado al juez que se resuelva de manera favorable el cese de prisión preventiva de un inculpado, para lo cual le envió mensajes de texto indicándole insistentemente que lo “ayude”.
En ese sentido, la investigación llevada a cabo por la OCMA, infiere que el citado servidor judicial, recibió a cambio de ese pedido, una suma de dinero a efectos de lograr favorecer al inculpado.
En este contexto, la jefa de la OCMA dictó para cada caso, una medida cautelar suspendiéndolos preventivamente de todo ejercicio o cargo en el Poder Judicial, hasta que la instancia correspondiente resuelva en definitiva su situación jurídica.
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