Minsa exhorta a la población no asistir a 24 playas tras derrame de petróleo en Ventanilla

Desde el derrame de petróleo el pasado sábado 15 de enero en el océano Pacífico por la refinería peruana de La Pampilla, la población en general debe estar alerta, ya que se ha afectado el litoral marino y su biodiversidad. Es por ello que, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) se pronunció a través de un comunicado. ¿Qué dijo?

Según la entidad, alerta a la población que este desastre ambiental se ha extendido desde las playas de Ventanilla hasta las costas del distrito de Chancay, por lo que obtuvieron reportes de contaminación del agua y arena en 24 playas. Este es un listado de las playas.

• Ventanilla: Bahía Blanca, Costa Azul y Cavero
• Santa Rosa: Playa Chica, Playa Grande 1, Playa Grande 2, Hondable y Los Corales
• Ancón: Dieciocho Ancón, Hermosa, Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 2, San Francisco Chico, San Francisco Grande, D´onofrio, Casino Náutico, Enanos, Esmar 1, Esmar 2 y Los Pocitos.
• Aucallama: Chacra y Mar, Chacra y Mar-Peñon
• Chancay: Playa el Cascajo-Peralvillo

Asimismo, indicaron que las autoridades regionales de Salud deberán realizar las coordinaciones con los Gobiernos locales para restringir el uso de las playas afectadas. Asimismo, se recomendó a la población no acudir a las playas antes mencionadas, por representar un grave riesgo para la salud.

Fiscalía solicitó impedimento de salida del país contra el presidente de Repsol tras el derrame

El Ministerio Público solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra el director ejecutivo de la empresa Repsol, Jaime Fernández-Cuesta, con el objetivo de garantizar su presencia durante el eventual proceso penal contra la petroquímica. Dicha medida también recae en los funcionarios Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Gisela Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad de Medio Ambiente; y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de Producción.

Como se sabe, este último miércoles el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, anunció que la Procuraduría venía evaluando solicitar las medidas coercitivas contra los representantes de la empresa abastecedora de combustible, con el fin de que su presencia sea garantizada durante un posible proceso penal en su contra por el desastre ecológico iniciado el pasado 15 de enero.