Ruth Luque presenta proyecto de ley para despenalizar el aborto en caso de violación sexual

La congresista y vocera de la bancada de Juntos por el Perú, Ruth Luque, presentó un proyecto de ley que propone la despenalización del aborto en casos de violación, a fin de preservar la integridad de mujeres de todas las edades y evitar su sometimiento a maternidades indeseadas. La iniciativa cuenta ya con la firma de 20 parlamentarios de diversas bancadas que están de acuerdo con el objetivo de la misma.

El documento propone que se incorpore el artículo 119-A al Decreto Legislativo N° 635 del código penal, en donde se precisaría que “el aborto no es punible en caso de violación sexual: no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal cuando el embarazo sea producto de una violación sexual”.

Del mismo modo, solicita que se modifique el artículo 120 del Decreto Legislativo 635 del Código Penal, el cual se refiere a que “el aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses: 1. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos, policialmente”.

Enseguida, se añade el punto número 2: “Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico”.

Cabe señalar que esta normativa respondería a la necesidad de reconocer el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a que tengan una vida libre de violencia y se prevenga para la víctima “una maternidad impuesta o forzada”.

Proyecto de ley contra el aborto pide actualizar políticas nacionales

Asimismo, la congresista pide que se actualicen las políticas nacionales a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como al Ministerio de Salud, para que se asegure “la continuidad, disponibilidad, acceso y calidad de los servicios de salud sexual y salud reproductiva de los establecimientos de salud, mejorando su eficacia, para garantizar el derecho a la salud, igualdad y no discriminación de las personas”.

El proyecto de ley añade que el Estado debe garantizar la educación sexual integran en todas las instituciones educativas “sin discriminación, con especial énfasis en la prevención de la violencia de género contra las mujeres y del embarazo infantil y adolescente”.