Pleno del Congreso aprueba por insistencia proyectos de ley que regulan la cuestión de confianza

 
Tras más de dos horas de debate, el Congreso de la República, presidido por María del Carmen Alva, aprobó la tarde del miércoles la insistencia a la autógrafa de ley, observada por el Ejecutivo, que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución. 

En ese sentido, las iniciativas se aprobaron con 79 votos a favor, 43 contra y 3 abstenciones. 

Cabe señalar que la congresista y titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Patricia Juárez, sustenta el dictamen en mayoría que propone la insistencia respecto a las observaciones formuladas por el presidente de la República, Pedro Castillo, en busca de regular la cuestión de confianza. 

Además, con esta ley, el Ejecutivo ya no podrá presentar una cuestión de confianza si el Congreso aprueba una ley que el presidente y su gabinete consideren que está en contra de la política del gobierno, como ocurrió en 2019, cuando el presidente Martín Vizcarra cerró el Congreso.  

Asimismo, ahora, la cuestión de confianza que puede plantear un ministro de Estado o el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, estará referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno.  

Por su parte, Sigrid Bazán, congresista de la bancada de Juntos por el Perú, cuestionó la labor que viene realizando el Congreso de la República hasta la fecha. 

Más temprano, se votó una cuestión previa para que la iniciativa legislativa regrese a la Comisión de Constitución luego de que el Ejecutivo presentara un proyecto de ley de reforma constitucional que plantea la modificación del inciso 2 del artículo 113, del inciso 1 del artículo 114 y los artículos 130, 132 y 133 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, no fue aprobada.  

Congresistas de Perú Libre, y desde el Ejecutivo, adelantaron durante el debate que presentarán una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, la cual podría declararla fundada en tres meses. Mientras tanto, la ley aprobada por el Parlamento será vigente.