La OCMA pidió la destitución de una jueza por cobrar 10 mil soles por un expediente

La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mariem De La Rosa Bedriñana, propuso ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la destitución de la magistrada Bony Eve Gamarra Flores, jueza del Juzgado Mixto de Santiago, al quedar acreditado que estableció relaciones extraprocesales con las partes, y cobró la suma de 10 mil soles para entregar al denunciante el expediente original -materia de acción de amparo- que se encontraba en su judicatura, y por no haber ejercido control sobre sus auxiliares.

Según la OCMA, el caso guarda relación con un proceso seguido por un ciudadano en contra de la jueza del Segundo Juzgado de Paz Letrado del Cusco, Procurador Público del Poder Judicial y Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima.

Propuestas ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Concluidas las investigaciones y al amparo de sus prerrogativas Constitucionales, la Jefatura Suprema de la OCMA, eleva ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), la propuesta de destitución del magistrado Reiber Huallpamayta Bellota, juez de Paz de San Jerónimo, de la Corte Superior de Justicia de Cusco, por haber ejercido función notarial y expedir un certificado de posesión en favor de una ciudadana.

De acuerdo a las investigaciones el magistrado, otorgó un certificado de posesión a una ciudadana para que realice trámites administrativos para la instalación de energía eléctrica en su terreno, a pesar que tenía pleno conocimiento de estar legalmente impedido para ejercer función notarial y expedir certificados o constancias de posesión; más aún si en ese distrito existía un Notario.

Otra propuesta de destitución presentada ante el CEPJ, es en contra de Isaías Quispe Núñez, en su actuación como juez de Paz del distrito de Langui, provincia de Canas del Cusco, al quedar acreditado que siendo parte de un proceso por violencia familiar, certificó diversos documentos en las que aparece el nombre de su cónyuge, acreditándole un modo de conducta a su esposa (difamación, amenaza de muerte, lesiones), para luego ser presentado (conjuntamente con su hermana o hermanas), ante la Subprefectura del distrito de Langui y la Fiscalía provincial de Canas, respectivamente; beneficiándose de este modo de su función notarial en su defensa, y la de su familia.

Para los casos citados, la Jefa de la OCMA dictó medida cautelar de suspensión preventiva de toda función en el Poder Judicial, hasta que la instancia pertinente resuelva en definitiva sus situaciones jurídicas.