Caso esterilizaciones forzadas: víctimas piden programación de audiencia contra Fujimori

Luego de que el juez Rafael Martín Martínez decidiera suspender, por falta de un traductor quechuahablante cusqueño, la audiencia contra Alberto Fujimori y sus exministros por el caso Esterilizaciones Forzadas, las víctimas exigieron al Poder Judicial que se programe de una vez la fecha y hora para reanudar la sesión que les permita encontrar justicia.

Como se sabe, dicha audiencia programada para el pasado 11 de enero fue suspendido a pedido del abogado del exmandatario, César Nakasaki, y de la defensa de Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, debido a que la sala no contaba con el traductor para una de las víctimas que solo entendía el quechua de Cusco y el traductor presente era de Ayacucho.

¡Basta de impunidad! Sabían que muchas éramos quechuahablantes, el juez y fiscal tenían que haber previsto traductoras oficiales, es nuestro derecho. Es una burla que los abogados fujimoristas defiendan nuestros derechos”, aseveró Rute Zuñiga, presidenta de la Asociación de mujeres peruanas afectadas por las esterilizaciones forzadas (Ampaef).

Por su lado, la presidenta de la Asociación de Víctimas de Chumbivilcas, Inés Condori, señaló que la defensa del exdictador utilizó el derecho de traducción de las mujeres con el objetivo de dilatar la audiencia y “excluir a Fujimori del proceso penal”.

Cabe resaltar, que la audiencia en el Poder Judicial sobre este emblemático caso estaba prevista a realizarse en diciembre del año 2019; sin embargo, dicha fecha se extendió hasta marzo del 2020. No obstante, ante la pandemia del coronavirus la diligencia tuvo que extenderse hasta enero del 2021.

24 años sin encontrar justicia

De acuerdo a María Elena Carbajal, de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), el caso de las esterilizaciones forzadas vienen siendo investigadas durante casi 24 años, en la que más de 1300 mujeres peruanas denunciaron haber sido víctimas de esta medida durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000.

“Es algo de lamentar que durante 24 años han pasado fiscales, ministros, presidentes y no haya una voluntad para poder atender esa responsabilidad que el Estado peruano tiene hacia ustedes”, mencionó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes llegaron al país por las muertes del 14N.

Buscan imparcialidad

En tanto, la abogada María Ysabel Cedano, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), resaltó la importancia de que las investigaciones se realicen de manera imparcial sin discriminar a las víctimas ni revictimizarlas. Además, pide que el caso se lleve con celeridad.

“Esperamos que se garantice su derecho a traductores en su lengua materna para que las sobrevivientes y familiares no se sientan ajenas a un momento tan crucial y por el que tanto han luchado”, indicó.

Otros acusados

Al igual que Fujimori y sus exministros, también serán denunciados otros ex altos funcionarios como Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio, Magda Isabel Gonzales Carrillo y Ulises Jorge Aguilar sobre el caso de Mamérita Mestanza.