Dictan más de 12 mil medidas de protección para víctimas de violencia familiar
El Poder Judicial de Lima Sur dictó 12 mil 823 medidas de protección a favor de víctimas de violencia familiar durante el estado de emergencia.
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El Poder Judicial de Lima Sur dictó más de 12 mil medidas de protección a favor de mujeres que sufrieron maltratos psicológico y físicos por parte de sus parejas durante el estado de emergencia para afrontar el coronavirus.
La Corte Superior de Lima Sur, presidida por el juez superior Juan Vicente Veliz Bendrell dictó 12 mil 823 medidas de protección en favor de mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia, en pleno estado de emergencia sanitaria.
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Las medidas fueron emitidas desde marzo hasta setiembre de 2020, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1470 que establece acciones para garantizar la atención y protección de víctimas en casos de violencia familiar en el contexto actual por la COVID-19.
En tal sentido, los jueces especializados otorgaron las medidas previa evaluación, sin necesidad de realizar audiencias, y solo con los documentos remitidas por las víctimas, tal como lo establece la normativa para prevenir esta problemática.
Las denuncias ingresadas de manera física y virtual fueron tramitadas por nueve órganos jurisdiccionales, de los cuales seis están ubicados en el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Villa el Salvador, y tres en el Submódulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos, los que estuvieron a cargo de dar trámite a las denuncias ingresadas de manera física y virtual.
Cabe indicar, que las medidas de protección son dictadas dentro del plazo de las 24 horas, desde que la denuncia es recibida de manera física en el Módulo Judicial y Submódulo Judicial o de manera virtual a través de la Mesa de Partes Electrónica (MPE).
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Para una atención rápida a las víctimas, los órganos jurisdiccionales están utilizando de manera óptima las herramientas tecnológicas, permitiendo así una comunicación inmediata y fluida entre los denunciantes y los jueces.