Nelson Shack solicita al Congreso restituir capacidad sancionadora de la Contraloría

El contralor general, Nelson Shack, indicó este martes la importancia que tiene la Contraloría General de la República con respecto a su capacidad sancionadora y asegura que ello debe recuperarse para castigar administrativamente a funcionarios y servidores públicos que incurran en actos de corrupción, sobre todo durante la cuarentena por el estado de emergencia del coronavirus.

“Apenas termine la cuarentena, iniciaremos el control posterior, en base a los servicios de control simultáneo que venimos realizando, y es probable que se determinen responsabilidades de los funcionarios públicos durante esta etapa de emergencia, pero la Contraloría no va a poder sancionar a nadie a menos que se apruebe la ley que restituye nuestra capacidad sancionadora”, dijo.

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Ante ello, Shack Yalta, pidió al Congreso de la República revisar el dictamen que aprobó el proyecto presentado anteriormente por la entidad fiscalizadora de control, indicando que mientras no se pueda castigar a los malos funcionarios y servidores públicos, la impunidad seguirá latente en el país.

Es importante resaltar que el 29 de abril se cumplió un año de la presentación del proyecto de ley que pretende restablecer la capacidad de sancionar de la Contraloría a raíz del fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC). Según informó, hasta diciembre del año pasado, más de 15 mil funcionarios públicos no fueron sancionados debido a este fallo.

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Dentro de la sesión virtual de la Comisión Especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgos y desastres COVID-19 del congreso, el contralor general anunció que en las próximas semanas se empezará con la supervisión de centros penitenciarios, a la gestión de los residuos sólidos, así como las ferias itinerantes para la venta de los productos agrícolas.

Asimismo, informó que también se concluirán en los siguientes días los operativos en las comisarías de Lima y Callao, en las bases de unidades de transporte público encabezado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y a la repartición de víveres para la población más vulnerable por el COVID-19.