Autoridades podrían recibir 15 años de cárcel por irregular entrega de canastas

El Ministerio Público Anticorrupción, exhortó a más de 400 autoridades municipales a nivel nacional que en caso de cometer delitos contra la administración pública, sobre la entrega de 213 millones 650 mil soles del Gobierno para que los municipios adquieran y distribuyan canastas de víveres a la población vulnerable por el estado de emergencia nacional por el coronavirus, podrían ser sancionados con una pena de hasta 15 años de cárcel.

Desde el pasado 30 de marzo, mediante visita, comunicaciones electrónicas, telefónicas y a través de videoconferencias, los 152 fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios de turno, en los 34 distritos fiscales en todo el país, han contactado con alcaldes, regidores y gerentes, les han recomendado el correcto cumplimiento de las medidas del Decreto de Urgencia N°033-2020.

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Además los exhortó a fin de prevenir eventuales delitos contra la administración pública, frente a la transferencia de 213 millones 650 mil soles del Gobierno para que las municipalidades adquieran y distribuyan productos de primera necesidad a favor de la población vulnerable.

Las visitas acompañadas por representantes de la Contraloría General de la República y la Policía Nacional, permitieron advertir a las autoridades que, de incumplir las disposiciones legales, los funcionarios podrían incurrir en los delitos de peculado, colusión, cohecho, entre otros sancionados con 3 a 15 años de pena privativa de la libertad.

Dichas acciones preventivas, que se realizarán en las 1874 municipalidades distritales y provinciales, se basan en el estado de alerta dispuesto por el Ministerio Público para las fiscalías especializadas de turno e Instituto de Medicina Legal.

Asimismo, en una disposición emitida por el coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios Omar Tello Rosales, donde establece que los fiscales de dicho subsistema realicen acciones conjuntas con la Contraloría General de la República para evitar cualquier acto de corrupción que se pueda propiciar en los gobiernos locales, adoptando los mecanismos necesarios para salvaguardar su salud.

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De otro lado, el fiscal superior Tello Rosales informó que las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de turno, además de cumplir las labores antes mencionadas, vienen atendiendo hasta la fecha un total de 37 casos de presuntos actos de corrupción.