Ministerio Público investiga por videollamadas de internos del penal Ancón II

El Ministerio Públicio de Ventanilla inició investigación contra los funcionarios del penal de Ancón II, presuntamente por permitir que los internos entre ellos un sicario, de dicho centro penitenciario salgan a las calles para que realicen videollamadas con sus amigos y familiares.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ventanilla, indica que estas diligencias se desprenden tras haberse observado a dos internos del Centro Penitenciario Ancón II - Anexo 3, realizando videollamadas, supuestamente con la autorización del director y del jefe de seguridad.

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Según el fiscal provincial a cargo del caso, Manuel Ernesto Mejía Arenaza, los implicados serían Francisco Abanto Zeballos, director del penal y otros funcionarios del penal a quienes se les investiga por el delito de cohecho, en agravio del Estado.

En uno de los videos se aprecia al interno Víctor Benito Valle, acusado de cobrar cupos de dinero a empresario y sindicado de ser integrante de la organización criminal "La Jauría" y al interno Christian Jara Giraldo, sicario acusado de asesinar al alcalde de Samanco del Santa, en Áncash.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el director del penal ordenaba que la policía a bordo de un vehículo policial saquen a los internos juveniles del penal y los trasladen hasta el exterior aproximadamente a unos dos kilómetros del lugar, además le brindaban teléfonos celulares y audífonos para que hagan sus respectivas videollamadas y se pongan en contacto con sus familiares, amigos o talvez sería a una banda criminal, que seguiría operando desde el interior de los penales.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), César Cárdenas, indicó que los internos del anexo 3 están bajo “otro régimen, otro sistema y otro tipo de controles”, pues se encuentran bajo el cuidado del Programa Nacional de Centro Penitenciarios (Pronacej), entidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Por su parte, el director del penal Ancón II del anexo 3, Francisco Abanto, fue removido, luego de comprobarse que de acuerdo con un documento, los internos tenían permiso solo para efectuar “videollamadas judiciales” y no a sus familiares.