Ministerio Público pide 7 años de cárcel contra el gobernador de Puno Walter Aduviri

El Ministerio Público de Puno, solicitó siete años de prisión efectiva contra el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, tras ser acusado presuntamente de ocasionar los disturbios durante la protesta por el caso "Aymarazo", ocurrido en mayo del año 2011.

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Aduviri Calisaya quien era presidente del denominado Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, es acusado de promover las protestas contra la autorización de operaciones de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation y su proyecto minero Santa Ana, ubicado en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito que terminó con la quema de depósitos de Aduanas de las oficinas de la Contraloría y la Gobernación, el 26 de mayo del 2011.

El magistrado de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, Juan Monzón Mamani, acusa a Aduviri por el delito contra la paz pública, en la modalidad de disturbios y en grado de coautor no ejecutivo y solicitó además el pago de cinco millones de soles de reparación civil a favor del Estado.

El Juzgado Colegiado de Puno, realizó la audiencia de los alegatos finales, donde la defensa técnica y el representante del Ministerio Público expusieron sus alegatos antes que la magistrada dicte sentencia.

El gobernador de Puno Aduviri Calisaya no acudió ayer a la audiencia del Poder Judicial, porque tiene pendiente una orden de captura a nivel nacional para que cumpla 15 días de prisión preventiva por  incumplir las reglas de conducta que se le impuso dentro del proceso que se le sigue por el caso "Aymarazo".

Durante la audiencia, el abogado del gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, sostuvo que su patrocinado es inocente y que nunca planificó las violentas protestas denominada “aymarazo”.

Mañana a las 10:00 a.m. la jueza del Juzgado Colegiado de Puno, Jackeline Luza Cáceres leerá la sentencia contra el procesado Walter Aduviri, donde el colegiado decidirá si absuelve o condena al gobernador quien se encuentra en la clandestinidad.

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Mientras tanto, la Gobernación Regional de Puno, está a cargo del vicegobernador regional, Agustín Luque, a la espera de lo que pueda suceder mañana sobre el futuro del ex dirigente aimara acusado por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en su modalidad de delito contra la paz pública, en su forma de disturbios.