Callao: delincuentes amenazan a cinco sacerdotes

Eduardo Guerrero F.

Cinco sacerdotes diocesanos, que representan a igual número de parroquias, viven un diario vía crucis en sus iglesias.

Sicarios los tienen amenazados habiendo interrumpido muchas veces incluso en los templos.

La razón sería nada menos que la denuncia de los religiosos por haber sido relegados en la distribución de las riquezas de la Iglesia para la realización de obras para los más necesitados.

El padre Víctor Torres Vásquez, sacerdote de la iglesia Santa Teresita de Jesús, denunció que parte del 10% que recibe el Primer Puerto por la Renta de Aduanas, llega al Obispado para la construcción de colegios y obras sociales.

Sin embargo, su iglesia y otras cuatro del vecino puerto, no son tomadas en cuenta para la repartición.

Dijo que las otras parroquias omitidas en la distribución son la del sacerdote Pablo Sam Chu, de la parroquia de Chucuito; Jorge Eduardo Ramírez, de la iglesia Santa Ángela Merice de Carmen de la Legua; José del Rosario Cornejo, de la iglesia San Juan Macías. Además la del capellán  de la Policía Nacional, Hilberto Silva, que no recibe apoyo para su trabajo.

“Formo parte de la mesa de concertación, pero mi opinión no es tomada en cuenta por el obispado”, dijo Torres.

Recordó que cuando le comunicó al obispo las amenazas, este le contestó:  “Que te maten, serás el mártir de la fe”.

Denunció, además, que les han dejado granadas y mensajes amenazadores en los templos.

HACEN REGLAJE

El padre Torres dijo que sus vecinos han detectado a falsos mendigos en el parque al frente de su parroquia y hasta sujetos en moto que lo siguen. “He recibido llamadas intimidatorias, pero no pararemos hasta que la verdad se abra paso”, dijo el padre Torres .

TEMEN POR SUS VIDAS

Los cinco sacerdotes temen por su vidas, pues las amenazas no cesan y por el contrario, se acrecientan. De los cinco, solo Víctor Torres y Pablo Sam Chu dieron la cara y se atreven a hablar con la prensa. El resto prefiere mantenerse en sus iglesias pues, señalan, que pese a la denuncias realizadas, el Obispado no los tomó en cuenta. Piden que fiscalía reabra el caso.