Exlocutor de Andrés Hurtado revela que se quedó sin trabajo tras acusaciones: “Me han dado la espalda”

El presentador de televisión Andrés Hurtado fue despedido de Panamericana Tv tras ser investigado por tráfico influencias y cohecho activo. Con el despido de 'Chibolín', uno de los más afectados fue Raúl Francia, exlocutor de 'Sábado con Andrés', pues las empresas con las que trabajaba le dieron la espaldas luego de que en las redes sociales lo empezaran a vincular con el caso de Hurtado.

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Raúl Francia descarta haber recibido favores políticos

Durante una entrevista con el podcast 'Simples mortales', el locutor se mostró muy indignado por ser señalado como delincuente sin ser culpable de las acusaciones que hay en su contra. “Mi imagen se ha visto manchada por la investigación de uno de sus reporteros (de Beto Ortiz) basado en un reel de TikTok”, dijo en un primer momento.

El exanimador del programa del canal 5 aseguró que el video, donde se lo vincula al caso de Andrés Hurtado, afectó a su trabajo e incluso a la salud de su madre.

“En TikTok me han sindicado como si estuviera recibiendo favores políticos, a mi mamá casi le da un infarto. Todas las empresas en las que prestaba servicios me dijeron hasta aquí nomás, me han dado la espalda”, mencionó.

Además, decidió dejar en claro que jamás recibió algún favor político o de dinero por parte de Chibolín o las personas que están involucradas en su caso. “Jamás recibí un favor político, ni dinero, jamás. Solo cumplía la función de locutor y animador en el programa. No tenía injerencia en los invitados, todo lo veían Andrés y su productor general (José Malpartida). Desconocía la procedencia de la agencia de viajes o de costos y pagos de pasajes”, expresó.

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¿Cuáles son los delitos que se le acusa a Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado ‘Chibolín’ enfrenta graves acusaciones y diversas investigaciones por varios delitos. Se le imputa tráfico de influencias por supuestamente utilizar su posición para obtener favores o decisiones ventajosas de funcionarios públicos, lo que podría resultar en penas de 4 a 6 años de prisión, y hasta 7 años en casos más graves.

Además, se investiga su posible implicación en lavado de activos, lo que podría acarrear condenas de 8 a 15 años, relacionado con la conversión y ocultamiento de fondos ilícitos.