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Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado ‘Chibolín’

A través de un comunicado, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado por las investigaciones relacionadas con el tráfico de influencias y lavado de activos.

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Fiscalía solicita 18 de meses de prisión preventiva a Andrés Hurtado "Chibolín". | Composición El Popular | GLR

La Fiscalía de la Nación solicita 18 meses de prisión preventiva para Andrés Avelino Hurtado Grados, conocido popularmente como ‘Chibolín’. A través de un comunicado en la red social X del Ministerio Público, también se extiende el pedido para el empresario Javier Miu Lei y a la fiscal Elizabeth Peralta, quienes enfrentan la misma investigación. Por el momento, se espera la decisión del juzgado sobre la procedencia de la medida preventiva, la cual tendrá un impacto significativo en el desarrollo del caso. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

Comunicado oficial del Ministerio Público sobre el caso ‘Chibolín’

De acuerdo con el comunicado de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, se ha formalizado la investigación preparatoria contra la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur, Andrés Avelino Hurtado Grados, Francisco Iván Siucho Neira y Augusto Javier Miu Lei por presunta comisión del delito de tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado.

Foto: Ministerio Público

Asimismo, se detalla el pedido de prisión preventiva por un plazo de 18 meses para Peralta Santur, Hurtado Grados y Miu Lei, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proceso y evitar posibles interferencias. Esta medida será evaluada por el Juez Supremo del Juzgado de la Investigación Preparatoria, quien deberá resolver oportunamente en los próximos días.

¿Cuáles son los delitos que se le acusa a Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado ‘Chibolín’ enfrenta graves acusaciones y diversas investigaciones por varios delitos. Se le imputa tráfico de influencias por supuestamente utilizar su posición para obtener favores o decisiones ventajosas de funcionarios públicos, lo que podría resultar en penas de 4 a 6 años de prisión, y hasta 7 años en casos más graves.

Además, se investiga su posible implicación en lavado de activos, lo que podría acarrear condenas de 8 a 15 años, relacionado con la conversión y ocultamiento de fondos ilícitos.

SOBRE EL AUTOR:

Periodista especializado en actualidad, vida y deportes. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactor en El Popular. Interesado en temas relacionados como economía, coyuntura nacional e internacional, trucos caseros y educación.