El Poder Judicial de Perú ha autorizado el allanamiento de las viviendas de Andrés Hurtado, conocido presentador de televisión, así como de la fiscal Elizabeth Peralta y de Miu Lei. Esta medida se produce en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho.
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Hurtado, más conocido como Chibolín, quien fue detenido el 19 de septiembre, es acusado de haber solicitado un millón de dólares a Peralta para gestionar la devolución de 100 kg de oro que se encuentran bajo sospecha de haber sido obtenidos ilegalmente.
Elizabeth Peralta, por su parte, ha sido apartada de sus funciones debido a presuntas inconductas relacionadas con este caso. Aunque se solicitó su detención preliminar, el Poder Judicial desestimó dicha medida, lo que ha generado controversia y cuestionamientos sobre su involucramiento en el asunto.
La fiscalía también ha señalado la coincidencia en los viajes de Hurtado y Peralta a Estados Unidos, lo que añade un componente adicional a la investigación. El contexto se agrava aún más con las declaraciones de Miu Lei, quien también está siendo investigado. Se ha hecho hincapié en que las desapariciones de Hurtado y los otros implicados ocurrieron en el mismo periodo, lo que ha despertado la atención de las autoridades y de la opinión pública.
La situación se desarrolla en un entorno de creciente desconfianza hacia las instituciones, donde la integridad de los funcionarios públicos es constantemente cuestionada.
Este escándalo no solo afecta a los involucrados, sino que también repercute en la credibilidad del sistema judicial en Perú. La comunidad espera que las investigaciones sean exhaustivas y que se tomen las medidas adecuadas para esclarecer los hechos, en un contexto donde la corrupción ha sido un tema recurrente en los últimos años.
Periodista especializado en temas policiales y políticos. Graduado de la Universinad Nacional Federico Villarreal. Redactor y coordinador en El Popular. Interesado en temas policiales, política y actualidad.