El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 30 meses de prisión preventiva para nueve extranjeros sindicados como presuntos integrantes de la organización criminal “Los Aplicativos del Mal”, que operarían desde el call Center ubicado en el distrito de Lince, haciendo llamadas extorsionadoras a clientes morosos que tomaban préstamos mediante aplicativos en línea.
De acuerdo a la imputación, esta organización delincuencial estructurada de manera vertical con distribución de roles, captaba operadores para que realicen llamadas extorsivas y cobros ilegales de dinero con intereses de más de 40 % a sus víctimas, cuyas deudas se incrementaban arbitrariamente y eran impagables.
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Así, desde locales rentados en el distrito de Lince, los operadores telefónicos enviaban mensajes intimidatorios y de muerte de forma masiva a los morosos del Perú y de otros países, para que la organización a la que pertenecían, según la Fiscalía, obtenga ganancias ilícitas.
La jueza Margarita Salcedo, impuso prisión preventiva para el ciudadano chino Juan Kwo Leon Chan Pan, sindicado como hombre de confianza del jefe de la organización criminal o el nexo con los principales integrantes de la organización y los jefes de operaciones en el Perú.
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También para Daniel Santeliz Salas, Laura Sánchez Borges, Jeremy Venegas Jara, Glendy Vásquez Azuaje, Jesús Silva Ordinola, Jaime La Puente La Hoz, Guadalupe Castro Barrera, Francisco Morales Cabrejos.
Además, ordenó detención domiciliaria por 30 meses de Frank Salazar Soto, así como el pago de una caución económica de 5 mil soles y dispuso comparecencia con restricciones para Hamilton Castro Álvarez y Cinthia De los Santos Vílchez, quienes deberán pagar una caución económica de 3 mil soles.
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La magistrada valoró la denuncia de las llamadas extorsivas, el testimonio del testigo protegido, el acta de visualización sobre mensajes extorsivos desde celulares, imágenes de trabajadores del call center arrojando sus celulares durante el allanamiento, entre otros.
La medida coercitiva en el marco de la investigación por organización criminal y extorsión fue dictada al considerar los graves y fundados elementos de convicción, eventual pena superior a los cinco años de cárcel y existencia del peligro procesal.
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