Condenan a ex funcionario de la Municipalidad de Comas por compra de canastas durante el Covid 19
La Fiscalía Anticorrupción logró que se condene al ex funcionario edil Richard David Loza Romero y al empresario Moisés Alfaro Barreto por coludirse para la adquisición de canastas básicas durante el Covid-19.
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La Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte probó la responsabilidad de los imputados | Archivo
Un ex funcionario de la Municipalidad de Comas y un empresario acusados por la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte, de coludirse para la compra de canastas básicas familiares durante la declaratoria de emergencia nacional por el Covid-19, fueron condenados a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva.
Se trata del sub gerente de abastecimiento de la Municipalidad de Comas, Richard David Loza Romero quien fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva y el representante de la empresa NIISA CORPORATION, Moisés Alfaro Barreto, sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, la misma que fue convertida en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Ambos fueron inhabilitados para ejercer un cargo público por el plazo de 10 años.
El Primer Juzgado Unipersonal de la Corte de Justicia de Lima Norte, encontró culpable a los imputados por el delito de colusión simple en agravio del Estado y también les impuso el pago de 10 mil soles de reparación civil a favor del Estado.
El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, encargado de la investigación contra ambos procesados, logró que se dicte la condena contra ambos imputados.
El fiscal adjunto provincial, Roller Javier Calongos La Torre sustentó en el juicio oral, que el imputado Richard David Loza Romero aprovechándose de su condición de sub gerente de abastecimiento de la Municipalidad de Comas benefició ilegalmente con la contratación pública a la empresa NIISA CORPORATION.
Asimismo, indicó que las pruebas presentadas demuestran la culpabilidad en estos hechos ilícitos en plena declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19.
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