Más de mil usuarios no cumplieron con certificación de profesional

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) desactivó a 1096 usuarios del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), por no cumplir con la obligatoriedad de contar con la Certificación de profesional o técnico otorgada por la institución.

Dichos usuarios pertenecen a entidades ubicadas en las regiones Callao, Cusco, Lima, Loreto, Moquegua y Tacna. Para evitar la desactivación del Certificado Seace, los funcionarios – usuarios del Seace, según la región del domicilio legal consignado en el Registro de Entidades Contratantes (REC), de la entidad en la que laboran, deben contar con la Certificación vigente de profesional o técnico otorgada por el OSCE.

Como es de conocimiento, el OSCE viene realizando esta acción de manera progresiva, según cronogramas informados mediante los Comunicados Nº009-2023-OSCE y N°011-2023-OSCE.

En ese sentido, se recuerda que desde el 15 de setiembre se procederá a desactivar el Certificado Seace de los usuarios que no cumplan con el requisito antes señalado correspondiente a entidades de las regiones Arequipa, Ica, Madre de Dios, Pasco y Tumbes.

Posteriormente, desde el 15 de octubre de 2023, se desactivarán los certificados Seace de los usuarios omisos de la misma obligación en aquellas entidades ubicadas en las regiones Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Junín y Ucayali; a partir del 15 de noviembre de 2023, para las regiones: Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Puno y San Martín; y desde el 15 de diciembre de 2023, para las regiones: Huánuco, La Libertad, Lambayeque y Piura.

Los interesados en obtener más información sobre el proceso de Certificación como profesional o técnico del OSCE pueden acceder al siguiente enlace: https://www.gob.pe/7642 o través de nuestros canales de atención de consultas: teléfono 614-3636 y “Formulario de Contacto” ubicado en el portal web del OSCE.

El OSCE reafirma su compromiso de fortalecer las capacidades y promover la certificación de los profesionales que intervienen en las contrataciones del Estado, con el fin de promover una gestión eficiente y transparente en beneficio de la ciudadanía.