Reacciones. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) decidió separar a la directora de la Unidad de Protección Especial (UPE) que le negó el aborto terapéutico a Mila, la pequeña de 11 años que quedó embarazada luego ser abusada sexualmente por su padrastro en Loreto.
Se trata de Lisbeth Mori, funcionaria que se presentó como la tutora de la víctima ante una Junta médica del Hospital Regional de Loreto, donde decidieron que la menor debía continuar con su gestación y que la interrupción no procede argumentando que la menor no presenta ningún problema psicológico y que “dentro del protocolo del aborto terapéutico no dice que sea para casos de violación", según el director del nosocomio, Dr. Johnny Guabloche.
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Cabe resaltar que la ahora exfuncionaria del MIMP fue grabada en el momento que intentaba convencer a la madre de Mila de que no acepte el aborto terapéutico, ya que esa "no era la solución". Además, también fue la que tomó la decisión de separar a la escolar de sus hermanos, quienes ahora, al igual que ella, se encuentran en diferentes albergues sin la posibilidad de tener contacto con su madre.
"La solución a lo que ha sucedido no es que le apliquen el aborto, tampoco. La violencia sexual que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto que le van aplicar. Si es que le aplican su aborto, no se va a borrar, no se va a desaparecer, el delito no va a dejar de existir", se le escucha a la mujer.
Ante ello, la abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Isbelia Ruiz, mostró su rechazo y aseguró que la Mori "no sabe ubicarse dentro de cuáles son su funciones, porque, además de no cumplir sus funciones, se toma funciones que no le corresponden. Toma, además, opiniones personales y deja de cumplir lo que debería hacer el Estado".
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Asimismo, confirmó que el Poder Judicial, además de rechazar la interrupción del embarazo de la menor, dejó en libertad al agresor, pese a que fue sindicado por la propia víctima como el responsable del grave delito.
"El padrastro está libre y es vergonzoso que el Poder Judicial haya dado libertad a una persona, aparentemente, por falta de pruebas de violación, teniendo a la niña embarazada y siendo la misma niña quien ha dicho quién es la persona que la ha violado", señaló la letrada.
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