La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), jefaturada por el juez supremo titular Ulises Yaya Zumaeta, propone ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la destitución del magistrado Felipe Palacios Santos, quien, en su actuación como juez del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, no redactó el texto íntegro de 22 sentencias a pesar que llevó a cabo la lectura de los fallos.
En la investigación, la OCMA determinó que el juez Palacios Santos incumplió los plazos legalmente establecidos para redactar las referidas resoluciones, generando con ello retardos que oscilan entre un año con tres meses y dos años con diez meses.
En ese contexto, la actuación del juez investigado también ocasionó la paralización injustificada de las causas, puesto que, al no estar redactadas las sentencias, ni descargadas en el sistema y notificadas, generó que no se puedan ejecutar de manera oportuna, generando un potencial peligro de evasión de los imputados; más aún, porque en cinco casos impuso penas privativas de la libertad efectivas.
Según la resolución, uno de los casos más resaltantes es del expediente N°01829-2015-7, en la cual, el juez condenó al acusado a una pena privativa de la libertad de 24 años con 06 meses, por los delitos de evasión de detenido por violencia y amenaza y fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y otros, en agravio del Estado, disponiendo la ejecución provisional de la misma a partir de la emisión de la sentencia.
Así mismo, con la actuación de Palacios Santos se generó la sensación de impunidad que dejó en los agraviados, pues pese a obtener fallos favorables no vieron materializadas las condenas impuestas, y tampoco fueron resarcidos económicamente por los daños sufridos, al no haber podido exigirse en estos casos el pago de la correspondiente reparación civil.
Otra de afectación fue a la tutela procesal de los justiciables, quienes al no tener conocimiento de los fundamentos de las sentencias no pudieron ejercer de manera efectiva sus derechos de impugnación, contradicción y defensa.
El magistrado en cuestión, al inobservar el principio y garantía del debido proceso, incurrió en conducta disfuncional -falta muy grave- que es sancionada con propuesta de destitución.
Luego de la evaluación de los actuados y corroborado el irregular proceder del juez investigado, la OCMA pone en evidencia su patrón de conducta de persistencia en situaciones graves como la probada evidenciada, lo que representa un riesgo para la correcta administración de justicia.
En este contexto, la jefatura suprema de la OCMA dictó la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial contra Palacios Santos, hasta que se resuelva su situación jurídica ante la instancia competente.
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