Las empresas que cometan el delito de contaminación ambiental y producto de ello se causa la muerte de una o más personas pueden ser condenadas hasta con 10 años de pena privativa de la libertad y el pago de mil días multa, así lo señaló el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, Henry Diburga Inga.
El abogado precisó que esta condena es la más alta que contempla el artículo 304 del Código Penal en relación a contaminación ambiental, al explicar que el delito base incluye penas que van desde los cuatro hasta los seis años y con cien a seiscientos días de multa.
“Anteriormente, la pena de contaminación tenía un intervalo hasta los tres años y, ahora, se han establecido agravantes que van hasta los ocho hasta los diez años”, aclaró.
REINCIDENCIA
Respecto a las empresas que son reincidentes en este tipo de delito, Diburga Inga explicó que en este caso además de la sanción penal se incluye la administrativa, la cual está cargo de las entidades de fiscalización ambiental quienes sancionan con multas e inclusive ordenan el cierre definitivo de la actividad empresarial.
“En el tema de reincidencia hay una sanción muy aparte del penal que es la sanción administrativa, el cual está a cargo de los entes de fiscalización ambiental, quienes sancionan con multa o el cierre de la actividad por empresarial, es decir se impone la clausura de la empresa”, explicó.
El especialista en temas ambientales, señaló que si bien se han logrado avances respecto a las sanciones penales como administrativas contra las empresas que cometen el delito de contaminación, admitió también que aún hay mucho camino por recorrer.
CREACIÓN DE JUZGADOS ESPECIALIZADOS
Por ello, resaltó el trabajo que vienen realizando entidades como el Poder Judicial que viene creando juzgados especializados en el tema de contaminación ambiental.
“La Corte Suprema ya viene implementado a través de los entes competentes la creación de juzgados especializados en materia ambiental, los cuales se vienen implementado de manera progresiva a nivel nacional. Asimismo, se está concientizando a los jueces que asuman el reto y que los delitos no queden impunes”, aseguró.
Respecto al trabajo que realiza la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, el abogado explicó que está basa en dos ejes: la implementación de una justicia ambiental y la ecoeficiencia que es optimizar los recursos con que se cuenta a través de los residuos sólidos y el reciclaje.
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