
Un hombre de 54 años, conocido como Pocho Pinto, afrontará 14 meses de prisión preventiva mientras la Fiscalía investiga su presunta participación en la captación y traslado de ciudadanos peruanos a Rusia con falsas promesas laborales. El caso incluye la muerte de Julio Salazar, quien habría sido enviado a la línea de combate en Ucrania en abril de 2026.
La medida fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte, que atribuye al investigado una presunta participación en el delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral. La investigación continúa y la prisión preventiva no constituye una condena.
Según la investigación fiscal, en marzo de 2026 Pinto habría coordinado y financiado el traslado de cuatro ciudadanos peruanos hacia Europa. Para convencerlos, presuntamente les ofreció salarios elevados y beneficios que no se habrían cumplido.
El allanamiento de su propiedad reveló evidencia crucial, incluidos teléfonos celulares y dinero en efectivo.
| Oferta atribuida al investigado | Monto o promesa |
|---|---|
| Sueldo mensual | US$ 2.300 |
| Bono tras un año de servicio | US$ 20.000 |
| Beneficio adicional | Posible nacionalidad rusa |
| Trabajo ofrecido | Seguridad en una instalación militar |
De acuerdo con la Fiscalía, a los ciudadanos les habrían asegurado que no serían enviados al frente de batalla. Sin embargo, las pesquisas señalan que Julio Salazar fue llevado a instalaciones militares, recibió entrenamiento y habría sido obligado a firmar un contrato en ruso cuyo contenido desconocía.
La detención preliminar de Pinto se realizó el 1 de octubre, en un operativo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, con apoyo de la organización Aerial Recovery.
Durante las diligencias también fueron allanados dos inmuebles vinculados al investigado en el distrito de Comas. Las autoridades dispusieron la incautación de diversos objetos que serán analizados como parte de la investigación.
La Fiscalía sostiene que los elementos reunidos durante la investigación preliminar y los allanamientos respaldan su solicitud de prisión preventiva. Ahora, las diligencias deberán determinar la presunta responsabilidad individual del investigado en la captación y el traslado de los cuatro ciudadanos.
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