Hace una semana, el Hospital Hipólito Unanue, en El Agustino, se convirtió en el escenario de una impactante emergencia. Un extorsionador, herido durante su captura, fue trasladado al nosocomio, pero el caos estalló cuando dos granadas de guerra cayeron inesperadamente de su bolsillo en plena sala de urgencia, paralizando al personal y a los pacientes.
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Según el comandante PNP Juan Pablo Chenet, jefe de la UDEX, la granada encontrada en el bolsillo del criminal trasladado al hospital Hipólito Unanue es de origen militar. La marca “EP” en relieve indica que el explosivo proviene del Ejército Peruano y, de alguna manera, terminó en manos de un extorsionador que cobraba cupos a transportistas en El Agustino.
Posteriormente, este medio intentó comunicarse con el Ejército Peruano para confirmar si existían pérdidas en sus almacenes de guerra, pero no obtuvo respuesta. Las investigaciones indican que las granadas en manos de los criminales suelen "perderse" en el trayecto de operativos en el VRAE, ingresando luego al mercado negro de forma ilegal.
Las granadas de origen búlgaro, exclusivas del Ejército Peruano, pueden costar hasta 100 dólares en el mundo criminal, un precio atractivo para extorsionadores que siembran el terror en todo el país. Solo en 2024, se han decomisado más de 160 granadas militares en manos de criminales, acercándose a la cifra de 177 incautadas en 2023.
En el caso de explosivos improvisados y dinamita, Sucamec ha incautado solo en La Libertad unas 41 mil unidades de material explosivo utilizado para minería ilegal y extorsión en negocios de la capital. Por su parte, la UDEX ha intervenido en más de 500 ocasiones este año en operativos contra bandas criminales con explosivos.
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Pero el terror no acaba ahí. Según un informe de Sucamec, en Lima y Callao se han decomisado más de 5 mil armas y miles de municiones. El fiscal superior Jorge Wayner Chávez Cotrina, especializado en Criminalidad Organizada, señala que estas armas llegan al mercado negro a través de empresas de fachada.
El blanqueo de armas consiste en captar personas de bajos recursos para que obtengan licencias de armas, que luego son transferidas a criminales o reportadas como robadas. Además, algunos criminales aprovechan vacíos legales para comprar armas de largo alcance, con pretextos de ser deportistas o cazadores. Una de estas armas fue hallada este año en un contenedor de basura en Comas, tras un operativo contra Yojairo Arancibia, brazo armado de alias “El Monstruo”.
Pese al avance de la criminalidad, Sucamec ha buscado un uso alternativo para las armas ilegales, fundiéndolas y creando parques infantiles. Ya se han inaugurado centros recreativos en Chimbote, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Mi Perú. Desde la implementación de esta estrategia, Sucamec ha destruido más de 40 mil armas usadas por bandas criminales, aunque el trabajo aún continúa.
Periodista especializado en temas policiales y políticos. Graduado de la Universinad Nacional Federico Villarreal. Redactor y coordinador en El Popular. Interesado en temas policiales, política y actualidad.