Marchas en Perú: agentes policiales no usarán uniforme o distintivo de la PNP en zonas con manifestantes

La Policía Nacional del Perú (PNP) emitirá una disposición en la que prohíben a los agentes desplazarse uniformados por zonas donde se ubiquen manifestantes realizando actos de violencia. Esta medida, según el documento, sería para evitar ser "víctimas de retención o agresión". Este mandato significa que un efectivo en servicio no podrá ser identificado como policía, en las zonas conflictuadas.

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Además, a su vez, la institución del orden también prohibió que los efectivos que se desplacen vestidos de civil usen algún distintivo policial u uniforme en combinación con las prendas civiles como pantalones, gorras, mochilas con diseños policiales, correaje, polos, etc.

Sin embargo, según el artículo 9 del Reglamento General de Uniformes de la PNP, el uso del uniforme es obligatorio en "para todo el personal de la Policía Nacional en situación de actividad". En esa línea, el artículo 10 del documento refiere que, el uso de uniforme es forzoso en los siguientes casos: todos los actos del servicio, concurrencia a las dependencias estatales por asuntos de carácter oficial y asistencia a ceremonias oficiales.

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Policía Nacional y Fuerzas Armadas harán desbloqueo de carreteras de Red Vial Nacional tras protestas

Este jueves 26 de enero, los ministerios del Interior y Defensa emitieron un comunicado conjunto informando cuáles son las medidas que tomarán ante bloqueos de diversas carreteras en el país. Esto tras las protestas en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en donde exigen la renuncia de la mandataria y el cierre del Congreso.

En esa línea, a través de una publicación en las redes oficiales del Mininter y Mindef, se informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) con el apoyo de las Fuerzas Armadas realizarán el desbloqueo de carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia. “El Código Penal, en su artículo 200, que se “tipifica como delito de extorsión a quienes, con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos y establece como sanción entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad”, manifestó.