Fiscalía pide 36 meses de prisión para el ex gobernador de San Martín
El juez Richard Concepción Carhuancho realiza la audiencia y en los próximos días decidirá si ordena la prisión preventiva contra la presunta organización criminal.
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Fiscalía pide prisión contra el ex gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas | Archivo
El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el ex gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, presuntamente de ser el cabecilla de una organización criminal dedicada a direccionar licitaciones en esta región por más de 300 millones de soles a favor de empresas afines de los funcionarios.
Además pide prisión para otros nueve funcionarios, entre ellos para su hijo del ex gobernador Iván Antonio Bogarín Urmachea, quien se habría encargado de dirigir las acciones de la organización, por encargo de su padre, conocido como “el doctor”.
Además, la Fiscalía lo acusa de recibir los pagos, por intermedio de los funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina de Administración y de la Dirección Regional de Caminos del Gobierno Regional de San Martín.
La presunta red criminal estaría integrada por funcionarios del Gobierno Regional de San Martín y personas particulares, a quienes el Ministerio Público les atribuyen los delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y contra la administración pública, colusión agravada.
Según las primeras investigaciones, esta organización habría direccionado los procesos de selección convocados por dicha institución, a cambio de coimas que podían ser equivalentes al 25% del monto adjudicado para obras, bienes, servicios o consultorías.
El 21 de diciembre del 2022, el Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional ejecutaron un operativo de allanamiento y detención preliminar en las regiones de San Martín, Arequipa, Loreto y Lima.
En las oficinas del Gobierno Regional de San Martín, se encontraron diversos documentos, bienes y objetos relacionados con la investigación seguida contra los funcionarios de la región y empresarios vinculados con este caso.
El juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho continúa realizando las audiencias y luego de escuchar a la Fiscalía y a los abogados de los investigados, decidirá si ordena la prisión preventiva.
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