Callao: dictan prisión para miembros de red criminal que lideraría Juan Sotomayor
El Ministerio Público del Callao investiga a la red criminal que lideraría el ex alcalde Juan Sotomayor y el 3 de enero del 2023 se realizará la audiencia de prisión preventiva.
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El Poder Judicial del Callao dictó 32 meses de prisión preventiva contra de cinco presuntos miembros de la organización criminal que lideraría el exalcalde Juan Ricardo Víctor Sotomayor García, que se dedicaban a contratar trabajadores fantasmas.
Se trata de los regidores Manuel Abel Neciosup Medina, Estefany Elcher Becerra Pazos y Carlos Alberto Yataco Ramos; y de los presuntos cabezas de barrio Tito Esteban Tardillo Ramos y Pedro Luis Medina Echevarría, quienes son investigados por el Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado.
Por su parte, el Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones y el pago de 12 mil soles de caución para el teniente alcalde Juan Carlos Alvarado Gallardo, los concejeros Pablo Enrique Gazzolo Romero y Alex Eduardo Negreiros Zevallos y la trabajadora judicial Alexandra Licer Sánchez Paetan, esta última también fue suspendida para ejercer el cargo público por dieciocho meses.
El Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, dispuso realizar la audiencia de prisión preventiva en contra del ex burgomaestre Juan Sotomayor y de los no habidos, el regidor Juan Miguel Rodríguez Alache, ex funcionario Jeiner Alberto Rebolledo Estrada y supuesto brazo armado Omar Luis Castañeda Echevarría, para el 3 de enero del 2023.
El Ministerio Público investiga a la red criminal por los delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios (modalidades de cohecho activo genérico, cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio), debido a que, desde finales de 2018, habrían contratado trabajadores fantasmas para diversas gerencias de la Municipalidad Provincial del Callao.
Para ello, los cabezas de barrio habrían conseguido a los supuestos trabajadores para cobrar las remuneraciones por ellos y habrían amenazado a los funcionarios que se oponía a ese tipo de contratos o despedían a los locadores de servicios.
Además, a través de los regidores, la organización criminal habría ejercido un control político para proteger su modo de operar.
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